Por Sandra Navarro
Durante el período del informe, la Relatora Especial sobre la tortura, Alice Jill Edwards, realizó visitas oficiales a Ucrania y Chile. Emitió 52 comunicaciones a Estados y actores no estatales, junto con 42 comunicados de prensa. Presentó informes al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General, abordando buenas prácticas nacionales en la lucha contra la tortura y un estudio sobre el comercio de armas relacionadas con la tortura.
Las prisiones enfrentan desafíos significativos debido a la falta de recursos y atención política. Esto puede llevar a que las prisiones se conviertan en lugares de delincuencia y corrupción, aumentando las tasas de reincidencia y desaprovechando el potencial humano. La gestión eficaz de las prisiones requiere reglamentos claros y actualizados, así como una comunicación fluida entre los diferentes actores del sistema de justicia penal. El personal penitenciario es crucial y debe recibir una formación adecuada y condiciones laborales justas. Las prisiones privatizadas deben cumplir con los mismos estándares que las prisiones públicas para evitar la creación de un sistema de dos niveles.
Las prisiones deben ser consideradas en la planificación nacional para futuras emergencias sanitarias mundiales, según la Organización Mundial de la Salud. Se está elaborando un nuevo instrumento internacional para la prevención y respuesta a pandemias, destacando la importancia de la equidad en el acceso a la atención sanitaria, especialmente para grupos vulnerables como los reclusos. Las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 deben informar la preparación y las respuestas futuras, asegurando que se mantengan los derechos humanos. Se han proporcionado orientaciones para garantizar que las medidas preventivas y de respuesta sean humanas, incluyendo el acceso adecuado a la atención sanitaria y medidas para mitigar los efectos del aislamiento. La tecnología se ha utilizado para mantener el contacto con familiares y abogados, pero se deben evaluar continuamente para garantizar su conformidad con los derechos fundamentales.
La falta de inversión en actividades provechosas y rehabilitación puede perpetuar el ciclo de reincidencia y violar normas internacionales. Muchos reclusos carecen de acceso a actividades significativas y programas de formación laboral y educativa adecuados. La rehabilitación efectiva implica evaluar las necesidades individuales de los delincuentes y ofrecer programas adaptados al género, edad y circunstancias específicas. Ejemplos de programas exitosos incluyen la participación en actividades diarias de formación y trabajo en Noruega, programas de apoyo psicológico en Irlanda, y proyectos de formación laboral en Portugal, Tonga y Austria. La formación profesional y el trabajo en prisión no solo proporcionan habilidades valiosas, sino que también mejoran la autoestima y reducen los riesgos de reincidencia.
Se insta a los gobiernos a llevar a cabo reformas penitenciarias y de justicia penal, involucrando a todos los actores estatales relevantes, incluyendo jueces y fiscales, para prevenir la complicidad en casos de tortura o condiciones inhumanas. Estas reformas deben abordar cuestiones de recursos financieros, humanos y técnicos, y deben incluir consultas con instituciones nacionales de derechos humanos, mecanismos de prevención, sociedad civil y representantes de diferentes grupos de presos.
Enlace al informe completo: Aquí.
Sandra Navarro
