Por José Ángel Vega Licea
El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos examinó la situación de los derechos humanos en Maldivas durante su 50.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 2025, con la participación de 104 delegaciones. Maldivas es un pequeño Estado insular cuyo marco jurídico y constitucional se fundamenta en principios islámicos y cuya existencia misma está amenazada por el cambio climático, condiciones que el propio Estado mencionó con frecuencia a lo largo del diálogo para explicar tanto sus prioridades como los límites de sus compromisos internacionales.
En cuanto a los avances, la delegación presentó un conjunto de reformas legislativas e institucionales que la comunidad internacional reconoció como pasos significativos. Entre ellos destacan la consolidación democrática impulsada por la Constitución de 2008, la celebración de elecciones consideradas libres y justas en 2023 y 2024, la aprobación de la Ley de Relaciones Laborales de 2024, la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la puesta en marcha de un Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas, el cierre de la prisión de Malé en 2024 como medida concreta para reducir el hacinamiento carcelario, el incremento de la representación de mujeres en la gobernanza local (del 6,1% al 39,7%) y la aprobación de la Ley de Emergencia Climática, que posiciona a Maldivas como referente en la integración de los derechos humanos en la respuesta climática.
No obstante, las intervenciones de las delegaciones dejaron claro que estos avances conviven con omisiones que el Estado no ha logrado resolver. Una de las preocupaciones más recurrentes fue la restricción de la libertad de religión, pues Maldivas mantiene el islam como requisito para obtener la ciudadanía y no reconoce la libertad de profesar otras creencias, lo que varias delegaciones señalaron como incompatible con el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De igual forma, la nueva Ley de regulación de los Medios de Comunicación y la Radiodifusión generó preocupaciones serias sobre posibles restricciones a la libertad de prensa, con múltiples delegaciones instando a su derogación o revisión, mientras que la protección de periodistas y defensores de derechos humanos frente a represalias emergió también como una deuda pendiente que el Estado no ha atendido con suficiente determinación. A esto se suma la preocupación por la independencia del poder judicial, cuyo proceso de nombramiento y promoción de jueces fue señalado como insuficientemente transparente, junto con la necesidad de garantizar la plena conformidad de la Comisión de Derechos Humanos con los Principios de París.
Otro tema que concentró la atención del diálogo fue el de género, pues la mutilación genital femenina sigue sin estar tipificada como delito pese a las reiteradas exigencias de numerosas delegaciones, y la violación conyugal tampoco cuenta con una tipificación plena. Asimismo, las brechas en la aplicación efectiva de la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica continúan limitando el acceso de las mujeres a la justicia, mientras que el derecho de familia sigue sin ajustarse a los estándares internacionales de igualdad en el matrimonio y el divorcio. En esa misma línea, la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo fue señalada por varias delegaciones como una violación directa de los principios de no discriminación, sin que el Estado ofreciera perspectivas concretas de cambio.
La situación de los trabajadores migrantes, particularmente vulnerables a la explotación y con acceso limitado a servicios de salud y justicia, concentró también una parte importante de las recomendaciones. Las brechas en el acceso a servicios básicos en las islas remotas preocuparon en igual medida, pues la dispersión geográfica del archipiélago presenta desigualdades que el Estado no ha logrado cerrar. A eso se añaden las preocupaciones en torno a los derechos de la infancia y la implementación efectiva del Plan de Acción Nacional contra la violencia hacia los niños. Y en ese mismo cuadro de deudas pendientes el informe menciona la pena de muerte, que Maldivas mantiene en su legislación, pese a no haber realizado ninguna ejecución desde 1952.
En general, el examen de Maldivas muestra un Estado que participa en los mecanismos internacionales y que ha demostrado capacidad para reformar en ciertos ámbitos la situación existente, sin embargo, el informe evidencia que algunas medidas que son sumamente necesarias para garantizar los derechos humanos, se postergan amparadas en la especificidad constitucional y cultural del país.
Enlace al informe completo: Aquí
Jose Ángel Vega Licea
