Por José Ángel Vega Licea
El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos examinó, durante su 50.º período de sesiones celebrado en noviembre de 2025, la situación de los derechos humanos en Panamá de cara a sus compromisos internacionales. El documento recoge los avances presentados por la delegación panameña, así como las observaciones y recomendaciones formuladas por 89 delegaciones en el marco del diálogo. Aunque Panamá muestra una clara disposición reformadora, expresada en un conjunto relevante de leyes y políticas públicas recientes, el examen pone de manifiesto que esa arquitectura normativa no siempre llega a convertirse en protección real para quienes más la necesitan.
Entre los avances reconocidos destacan la creación del Ministerio de la Mujer, la aprobación de la Ley núm. 458 de 2024 para prevenir y sancionar la trata de personas, la implementación del Acuerdo de Escazú en materia de justicia ambiental, y la consolidación de un sistema de garantías para los derechos de la niñez y la adolescencia. La delegación también señaló la reducción de la tasa de homicidios, la ampliación de la cobertura de seguridad social y los esfuerzos por incorporar la interculturalidad en salud y educación. Asimismo, la comunidad internacional reconoció estos logros como pasos importantes; sin embargo, las intervenciones de las delegaciones dejaron claro que coexisten con brechas estructurales profundas que frenan su plena realización.
Uno de los problemas que el informe subraya con mayor insistencia es la distancia entre la cantidad de leyes aprobadas y la capacidad real del Estado para implementarlas. Las delegaciones señalaron que grupos históricamente marginados encuentran obstáculos concretos para acceder a la justicia y a los mecanismos de protección disponibles. A esto se suman el hacinamiento carcelario, la impunidad en casos de tortura y el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden, situaciones que apuntan a una fragilidad institucional que no es coyuntural sino estructural. De igual forma la falta de independencia judicial y la existencia de plazos de prescripción para el delito de tortura fueron señaladas como deudas pendientes en la consolidación del Estado de derecho.
En cuanto a las recomendaciones, las formuladas al Estado panameño son amplias y tocan prácticamente todos los ámbitos. En lo normativo, se le pide adoptar una legislación integral contra la discriminación que incluya explícitamente la orientación sexual, la identidad de género, el origen étnico y la discapacidad, corrigiendo así las omisiones que aún presenta la Ley núm. 7 de 2018. En materia social, el acceso universal al agua potable y al saneamiento fue una preocupación compartida por muchas delegaciones, al igual que la necesidad de ampliar la seguridad social hacia los trabajadores del sector informal y de fortalecer el financiamiento de la educación pública. Respecto a los Pueblos Indígenas, se exigió la ratificación del Convenio núm. 169 de la OIT y el respeto efectivo del consentimiento libre, previo e informado. De igual forma la situación de migrantes y refugiados en el paso del Darién, y el fortalecimiento del principio de no devolución, emergieron además como urgencias humanitarias que no admiten demora. Todo ello dibuja un horizonte de compromisos amplio y exigente, aunque el problema de fondo sigue siendo el mismo; producir legislación avanzada es algo que el Estado ha demostrado saber hacer; traducirla en protección real para todas las personas es otra cosa.
Avanzar en esa dirección exige algo más que compromisos formales ante el mecanismo universal, demanda seguimiento riguroso, participación genuina de la sociedad civil y una apuesta sostenida por cerrar la brecha entre el derecho que se escribe y el derecho que se vive. La implementación rigurosa de las recomendaciones, acompañada de mecanismos transparentes de seguimiento con participación efectiva de la sociedad civil, es el paso que Panamá no puede seguir postergando si quiere que sus compromisos en materia de derechos humanos dejen de ser declaraciones y se conviertan en realidad cotidiana para todas las personas que habitan su territorio.
José Ángel Vega Licea
