Por José Ángel Vega Licea
El informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examina la situación de los derechos humanos en Honduras en el marco de su cuarto ciclo de revisión, celebrado en noviembre de 2025. Este mecanismo permite evaluar el grado de cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones en materia de derechos fundamentales, así como formular recomendaciones orientadas a fortalecer su protección.
El documento reconoce avances significativos en diversas esferas, algunos de los cuales se citan a continuación: Honduras reportó progresos en materia de salud pública, educación, seguridad ciudadana, igualdad de género y protección social. Entre los logros más destacados figuran la reducción de la tasa de analfabetismo, la disminución de los homicidios a sus niveles más bajos en dos décadas, la creación de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, la aprobación de legislación para proteger a víctimas de violencia de género y la derogación de la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia.
Asimismo, se señalaron avances en materia de justicia transicional, con la creación del Instituto Nacional de la Memoria Histórica y la adopción de marcos normativos orientados a garantizar verdad, reparación y no repetición. Estos logros reflejan una voluntad institucional de avanzar y un marco normativo que, en varios aspectos, ha experimentado una renovación considerable.
Sin embargo, el examen subraya que los avances normativos e institucionales no se han traducido plenamente en una protección real y universal de los derechos humanos. Una de las preocupaciones más recurrentes entre las delegaciones participantes fue la situación de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, quienes continúan enfrentando violencia, intimidación y criminalización mediante el uso indebido del derecho penal. El Mecanismo Nacional de Protección, aunque existente, fue señalado reiteradamente como insuficientemente financiado y operativamente débil. En ese sentido la brecha existente entre el reconocimiento formal de derechos y su garantía efectiva constituye uno de los ejes estructurales de preocupación identificados en el proceso.
Según el informe, la violencia de género representa otro de los desafíos más urgentes y persistentes. A pesar de los esfuerzos legislativos y presupuestarios referidos por la delegación hondureña, múltiples Estados señalaron la ausencia de una ley integral sobre violencia contra las mujeres, la falta de tipificación específica de delitos como la violación conyugal y los altos niveles de impunidad en casos de feminicidio. La brecha entre la existencia de instituciones y políticas públicas y la protección efectiva de las mujeres en su vida cotidiana sigue siendo una realidad que el Estado no ha logrado cerrar de manera sostenida. A ello se suma la preocupación por el mantenimiento del estado de emergencia, cuyas medidas excepcionales han sido cuestionadas en términos de proporcionalidad, temporalidad y respeto de las garantías constitucionales.
El informe también llama la atención sobre desigualdades estructurales en el acceso a servicios básicos como salud, educación y agua potable, especialmente en zonas rurales y entre comunidades indígenas, afrohondureñas y personas desplazadas internamente. Estas poblaciones enfrentan barreras adicionales para el ejercicio de sus derechos, incluyendo conflictos territoriales vinculados a concesiones de tierras, discriminación sistémica y escasa representación en los espacios de toma de decisiones. La pobreza y la inseguridad económica, aunque en descenso según cifras oficiales, siguen afectando a amplios sectores de la población y condicionan el acceso a la justicia y a la protección social.
Para enfrentar estos retos, el informe recoge un extenso conjunto de recomendaciones formuladas por los Estados participantes, que abarcan desde el fortalecimiento de la independencia judicial y la lucha contra la corrupción e impunidad, hasta la ratificación de instrumentos internacionales pendientes, la despenalización del aborto en determinadas circunstancias, la protección de las personas LGBTIQ+, y la adopción de enfoques basados en derechos humanos en las políticas climáticas y medioambientales. Además se insta a que estas recomendaciones sean implementadas con mecanismos de seguimiento transparentes y con participación efectiva de la sociedad civil, a fin de evitar que queden como compromisos formales sin correlato en la realidad.
Enlace al informe completo: Aquí
José Ángel Vega Licea
