Por Josladys Vanessa Álvarez Negrón
La Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, representa el actual consenso político mundial sobre el desarrollo sostenible. Establece una visión del desarrollo sostenible firmemente basada en los derechos humanos. Además, abarca la totalidad de los derechos humanos: los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales, y el derecho al desarrollo. Más del 90 % de las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogen el contenido de las normas internacionales de derechos humanos y del trabajo pertinentes.
La lucha contra la desigualdad y la discriminación no sólo es un imperativo de derechos humanos, sino que es una de las sendas más viables para acabar con la pobreza extrema en sus múltiples dimensiones.
Las recomendaciones de los órganos de derechos humanos, y sus observaciones generales, proporcionan un conjunto de orientaciones sobre cómo los Estados y las partes interesadas pueden desmantelar las barreras estructurales, poner fin a la distribución desigual del poder, los recursos y las oportunidades, e impugnar leyes, políticas, normas sociales y estereotipos discriminatorios. Según el Índice de Compromiso con la Reducción de la Desigualdad, que clasifica a 158 gobiernos, en los primeros puestos del Índice figuran sobre todo países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tienen más margen para recaudar impuestos progresivos y proporcionar servicios públicos y protección social.
Para respaldar los esfuerzos de todo el sistema de las Naciones Unidas, el ACNUDH aumentó su capacidad técnica de apoyo operacional en los países, centrándose más en la no discriminación y en la lucha contra la desigualdad mediante sus presencias sobre el terreno. En los casos donde un país no esté en condiciones de movilizar los recursos necesarios para poner en marcha sistemas de protección social con cobertura universal, pueden optar por centrarse en las personas más vulnerables y marginadas.
El acceso a la atención de salud, el agua y el saneamiento, la alimentación, la vivienda, el trabajo decente, una vida sin violencia y una administración de justicia imparcial, son derechos humanos que toda persona ha de disfrutar sin discriminación. El marco de derechos humanos ofrece una importante orientación para diseñar sistemas de protección social.
La ampliación de la protección social no sólo contribuirá a garantizar los derechos fundamentales, sino que también puede ayudar a prevenir la inestabilidad, la erosión de la cohesión social y un mayor costo de la ayuda humanitaria en el futuro.
La iniciativa de impulso del ACNUDH, que cuenta con economistas y especialistas en desarrollo y derechos económicos, sociales y culturales, que ha proporcionado investigaciones, análisis y asesoramiento especializado a los gobiernos y a los equipos de las Naciones Unidas en los países sobre el reposicionamiento del gasto público con el objetivo de que los presupuestos beneficien a todos
El valor añadido fundamental de los enfoques basados en los derechos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que:
Promueven el cumplimiento de la promesa de no dejar a nadie atrás, al desplazar la atención de las cifras agregadas y centrarla en la situación específica de las personas y los grupos desfavorecidos que menos se han beneficiado del desarrollo; Permiten desmantelar los motores estructurales de la exclusión, al tiempo que ponen fin a las políticas que agravan las desigualdades y la discriminación; Impulsan el progreso al centrarse en la obligación de los Estados de evitar el retroceso y hacer efectivo progresivamente el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales; Requieren la provisión de niveles mínimos esenciales respecto de la salud, la protección social y otros derechos económicos, sociales y culturales en todo momento, no como una cuestión de discrecionalidad por parte de los Estados Miembros, sino como una cuestión de derechos y obligaciones jurídicas; Proporcionan una base normativa para las iniciativas encaminadas a cerrar las brechas de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la obligación de los Estados de movilizar el máximo de recursos disponibles, incluso a nivel internacional; Sirven como instrumento para lograr un cambio transformador al promover procesos participativos, democráticos, equitativos y sujetos a rendición de cuentas con miras a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El informe subraya el papel fundamental de la sociedad civil como instrumento para hacer efectivos los derechos humanos y para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Aunque se está avanzando, queda mucho por hacer.
Josladys Vanessa Álvarez Negrón
Enlace al informe completo: Aquí.
