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Espacio de la sociedad civil: COVID-19: el camino hacia la recuperación y la función esencial de la sociedad civil

Por Miriam García Rodríguez

 

En su resolución 47/3, el Consejo de Derechos Humanos solicitó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que preparara un informe en el que se examinaran detalladamente los principales retos a los que se enfrentaba la sociedad civil en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).

El presente informe se basa en las contribuciones aportadas por los Estados y la sociedad civil, así como en el estudio de las dificultades para el espacio de la sociedad civil surgidas en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el informe, la Alta Comisionada pide que se invierta de manera mucho más sistemática en una participación genuina, segura e inclusiva a todos los niveles y que, a la vez, se adopten medidas efectivas para proteger el acceso a la información, se fomente un entorno propicio para el debate y se garantice la seguridad a quienes hacen oír su voz.

En dicha resolución, el Consejo de Derechos Humanos reconoció que la sociedad civil era fundamental para obtener información precisa respecto de la situación y las necesidades sobre el terreno, diseñar medidas de respuesta que fueran inclusivas, seguras y propicias, prestar servicios esenciales, recabar opiniones sobre las medidas de recuperación y respuesta y pedir transparencia y la rendición de cuentas. Haciendo hincapié en la necesidad urgente de garantizar una participación más sistemática de personas y grupos anteriormente infrarrepresentados, como las mujeres y los jóvenes.

El Consejo reconoció que la pandemia había exacerbado y acelerado los desafíos que experimentaba, tanto en Internet como en los medios no electrónicos, el espacio de la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos. Además, la pandemia había dado lugar a la restricción del acceso a los recursos y de los derechos a la libertad de reunión y de asociación pacíficas y a la libertad de expresión, y había agravado los efectos de la brecha digital.

Ante tal situación, los Estados adoptaron una serie de prácticas para garantizar un espacio participativo y propicio, tal y como aconseja la Alta Comisionada. Entre dichas prácticas, encontramos de forma generalizada: garantizar el derecho a la información, examinar las medidas de emergencia, tener en cuenta los diversos puntos de vista, llegar a los grupos infrarrepresentados, establecer canales de retroinformación, o garantizar el acceso a los recursos y a la financiación.

Teniendo en cuenta los retos y las prácticas descritas en el informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos define tres elementos fundamentales para preservar y aumentar la confianza: una participación inclusiva y diversa, una sociedad civil empoderada y un debate dinámico, y un entorno protector para la sociedad civil. Desde esta triple perspectiva, la Alta Comisionada hace las siguientes recomendaciones, entre otras:

Promover la representación de diversos grupos, voces y puntos de vista, en particular creando estructuras de participación oficiales, permanentes e institucionalizadas en distintos órganos y ministerios gubernamentales, mejorando la accesibilidad de los parlamentos y los órganos electivos de nivel local y regional y haciéndolos más representativos.

Permitir que la sociedad civil, incluida la comunidad académica y los medios de comunicación, actúe libremente y sin discriminación. Facilitar un debate dinámico, tanto en línea como por otros medios, para abordar, entre otros temas, las medidas y restricciones controvertidas. Reconocer las protestas pacíficas como una forma legítima de participación. Posibilitar las reuniones en línea, optimizando la conectividad.

Adoptar medidas para proteger la privacidad y abstenerse de utilizar y exportar tecnologías de vigilancia. Implicar a la sociedad civil en la selección de los canales en línea que resulten más seguros y adecuados y realizar evaluaciones conjuntas de sus configuraciones de seguridad digital y privacidad. Establecer mecanismos y protocolos de protección eficaces para responder a las agresiones contra las personas que hacen oír su voz, y velar por que esos mecanismos tengan en cuenta la perspectiva de género.

Miriam García Rodríguez

Acceso al informe completo: Aquí

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