Por José Ángel Vega Licea
El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos examinó la situación de los derechos humanos en Jamaica durante su 50.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 2025. El examen contó con la participación de 84 delegaciones y tuvo lugar en un momento especialmente difícil para el país, dado que Jamaica presentó su informe mientras enfrentaba los efectos del huracán Melissa, apenas un año después de que el huracán Beryl generara pérdidas equivalentes al 1,1% del producto interno bruto.
Pese a ese escenario, la delegación presentó avances concretos; entre ellos destacan la reducción de la pobreza en un 50.8%, una tasa de desempleo históricamente baja del 3.3%, la promulgación de la Ley contra el Acoso Sexual de 2021, la modificación de la Ley de Violencia Doméstica para ampliar el acceso a órdenes de protección, la entrada en vigor de la Ley de Discapacidad y la reducción del 51% en la tasa de homicidios entre 2022 y 2025. A ello se suman los progresos en protección de la infancia, los mecanismos específicos para combatir la trata de personas y la adopción de una Estrategia sobre Género y Cambio Climático que incorpora un enfoque de derechos en la respuesta climática. Sin embargo, el diálogo interactivo entre los delegados dejó claro que estos avances conviven con problemas que llevan años señalándose sin que el Estado haya dado pasos decisivos para resolverlos.
Entre las preocupaciones más recurrentes destaca la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, sostenida por la Ley de Delitos contra la Integridad Personal. Múltiples delegaciones señalaron que esta disposición es incompatible con los estándares internacionales de no discriminación y que contribuye a un clima de estigma y violencia contra las personas LGBTIQ+, frente al cual el Estado no ha adoptado medidas de protección efectivas. En esa misma línea, la violación conyugal sigue sin estar tipificada como delito en todas las circunstancias, y el castigo corporal tampoco ha sido prohibido expresamente en todos los ámbitos, lo que genera preocupaciones serias en materia de protección de mujeres, niñas y niños.
A lo anterior se suma que Jamaica aún no ha ratificado la Convención contra la Tortura ni el Segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de muerte, pese a mantener una moratoria de facto desde 1988. Que esa moratoria no se haya formalizado jurídicamente después de casi cuatro décadas es algo que varias delegaciones señalaron. Asimismo, se mencionó la ausencia de una institución nacional de derechos humanos conforme a los Principios de París, situación que constituye otra deuda que se arrastra de ciclo en ciclo sin concretarse. A este escenario se sumó el hacinamiento carcelario, las brechas en acceso a educación y servicios de salud en zonas rurales, las dificultades para garantizar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad y la falta de reconocimiento formal de las comunidades cimarrona y taína como pueblos Indígenas completan un cuadro que refleja fragilidades estructurales que tampoco han encontrado respuesta suficiente.
El examen de Jamaica muestra que el país tiene capacidad real para reformar, y que en varios ámbitos lo ha demostrado con resultados tangibles. Aun así, también evidencia que ciertas transformaciones se postergan año tras año sin consecuencias visibles para quienes toman las decisiones. Y eso, en el fondo, es lo que el informe deja sobre la mesa; garantizar los derechos humanos de manera efectiva exige algo más que leyes bien redactadas o participación activa en los mecanismos internacionales. Exige voluntad política sostenida, instituciones verdaderamente independientes y disposición para transformar también aquello que resulta incómodo de cambiar.
Enlace al informe completo: Aquí
José Ángel Vega Licea
