Por Violeta Hanling Pili Mayayo
Sri Lanka es un país situado en el continente asiático, muy cerca de la India. Entre 1983 y 2009 vivió una guerra civil entre el propio gobierno y un grupo separatista denominado Tigres tamiles. Los Tigres Tamiles alegaban una fuerte discriminación y marginación por parte de la etnia cingalesa, exigiendo la creación de un Estado independiente. El conflicto dio lugar a fuertes represalias por parte del gobierno, dando lugar a torturas, desapariciones, muertes de opositores, periodistas, etc. Además, una vez finalizada la guerra, el país presenció la mayor crisis económica vivida, la cual provocó escasez de recursos, alimentos y aumento de precios.
En el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la “Situación de los derechos humanos en Sri Lanka” (doc. A/HRC/54/20) se aborda la situación actual de los derechos humanos en este país asiático exponiendo diferentes casos y posibles soluciones.
La pobreza ha dado pie a la inseguridad alimentaria: el 86% de familias esrilanquesas deben recurrir a la compra de alimentos más baratos y menos nutritivos, llegando incluso a saltarse comidas. Además, los ciclos de pobreza son difíciles de romper a causa del abandono escolar por parte de aquellos niños más desfavorecidos.
Se han tomado diferentes medidas para luchar contra el terrorismo, la corrupción e irregularidades características del gobierno de Sri Lanka.
El 22 de marzo de 2023 el Gobierno publicó un nuevo proyecto de ley para luchar contra el terrorismo, sustituyendo así a la Ley de Prevención del Terrorismo de 1979. Sin embargo, se dan definiciones muy amplias, las cuales permiten realizar interpretaciones arbitrarias y criminalizar conductas protegidas por el derecho de reunión y asociación. Por ejemplo, en agosto de 2022 tres estudiantes líderes de una asociación estudiantil fueron detenidos.
En 2023 se intentó reformar el sector de la seguridad reduciendo el número de efectivos de 200.800 a 135.000. El exceso de soldados y personal militar es otra forma de supresión a la población al sentirse esta intimidada. El uso de personal militar para funciones más “cotidianas” como el control de protestas o la rehabilitación de personas drogodependientes, da como resultado un sentimiento de opresión.
El mayor problema lo encontramos en el trato de las víctimas y la intimidación que sufren. En 2022 se han registrado quejas sobre diferentes actos de investigación y hostigamiento hacia organizaciones no gubernamentales situadas en la Provincia Septentrional y la Provincia Oriental. En uno de los casos, tres miembros de una de las organizaciones en cuestión estuvieron sometidos a un interrogatorio durante ocho horas, amenazados a su vez de someterlos a desaparición forzada.
A pesar de que el Gobierno se ha comprometido a permitir protestas pacíficas, se han seguido registrando casos de actuaciones de agentes antidisturbios que han dado como resultado muerte y heridos. El 26 de febrero de 2023 se utilizaron gas lacrimógeno y cañones de agua en un espacio cerrado, es decir, sin vía de escape, provocando una muerte y heridos por asfixia.
El presidente se ha comprometido a promover la reconciliación y rendición de cuentas creando un mecanismo de búsqueda de la verdad y reconciliación. Sin embargo, resulta difícil llevar a cabo la búsqueda de la verdad con la cantidad de represalias, un gobierno opresor y el continuo acoso por parte de las fuerzas militares, Servicios de Investigación etc. Ya que las víctimas temen exponerse por miedo a las consecuencias.
Sri Lanka sigue siendo un país que se enfrenta a una grave crisis económica, social y política. Es necesario que se siga combatiendo la corrupción y se establezcan redes de protección social para poder asegurar el cumplimiento de los derechos humanos.
Violeta Hanling Pili Mayayo
Enlace al informe completo: Aquí
