Por Nuria Rotoroaia
El informe A/HRC/63/25, elaborado por el Relator Especial, sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Bernard Duhaime, aborda una cuestión especialmente relevante para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El tema principal es el negacionismo y el revisionismo de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en situaciones de justicia transicional.
El siguiente informe muestra como el hecho de negar o distorsionar los crímenes del pasado, puede dañar a las víctimas, debilitar las instituciones democráticas y dificultar la prevención de nuevas vulneraciones.
El punto de partida comienza con la separación del debate histórico legítimo, del uso intencional del pasado. El negacionismo puede ser negar que ciertos hechos ocurrieran, aceptar que ocurrieron pero afirmar que no fueron efectivamente violaciones de derechos humanos, o, reconocer el dolor pero minimizando sus efectos.
El revisionismo, por otro lado, se define como rehacer la historia de manera sesgada, eligiendo algunos hechos, dejando otros fuera o sacando pruebas de su contexto. No se cuestiona, por tanto, la investigación histórica basada en nuevas fuentes, sino los intentos de desacreditar verdades contrastadas por tribunales y comisiones de la verdad con fines políticos o ideológicos.
Una de las ideas fundamentales del informe versa sobre que la justicia transicional se sostiene sobre cinco pilares: La verdad, la justicia, la reparación, la memorización y las garantías de no repetición. El negacionismo puede afectar a todos ellos. En primer lugar, vulnera el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad a conocer la verdad sobre los hechos, sus causas, sus consecuencias y las responsabilidades correspondientes. En segundo lugar, puede obstaculizar las investigaciones y los procedimientos judiciales, desacreditar las pruebas y cuestionar la responsabilidad de quienes han sido condenados. Asimismo, debilita las medidas de reparación, al minimizar los daños sufridos y deslegitimar las reclamaciones de las víctimas. Finalmente, perjudica la memoria colectiva y favorece la repetición de la violencia al ocultar sus causas y normalizar discursos que resulten discriminatorios.
El Relator Especial advierte de que, estos fenómenos no desaparecen cuando concluyen las transiciones políticas o se publican las sentencias. Por el contrario, pueden reaparecer años después mediante discursos oficiales, reformas legislativas, retirada de financiación a programas de memoria, eliminación de monumentos o modificación de los contenidos educativos.
El informe destaca ejemplos de Argentina, Brasil y Perú, donde determinadas actuaciones políticas han cuestionado conclusiones previamente documentadas sobre las dictaduras y los conflictos armados. También menciona la negación del genocidio de Srebrenica y los inetentos de desacreditar los resultados de los mecanismos de justicia transicional en distintos países. Estos casos muestran que los avances alcanzados pueden sufrir retrocesos cuando la memoria histórica se convierte en un instrumento de confrontación política.
Especialmente interesante resulta el análisis del uso de las leyes como instrumento de negación. Pese a que los Estados pueden adoptar medidas para combatir el discurso de odio y la incitación a la violencia, el informe alerta de que algunas normas sobre memoria histórica, seguridad nacional o difamación pueden utilizarse para silenciar investigaciones legítimas y perseguir a quienes cuestionan la versión oficial. En este sentido, se recuerda que el Comité de Derechos Humanos considera incompatibles con el pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos las prohibiciones penales de opiniones sobre hechos históricos por el mero hecho de ser erróneas. Por tanto, combatir el negacionismo no justifica restringir indiscriminadamente la libertad de expresión: cualquier limitación debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discrimianción.
Otro aspecto esencial es el impacto de las nuevas tecnologías. Las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial pueden facilitar la difusión masivas de contenidos falsos, teorías conspirativas y las conocidas como “deepfakes” (ultra falsificaciones) que cuestionan pruebas documentadas de violaciones graves. La problemática no se limita a la difusión de información incorrecta, sino que también genera desconfianza hacia testimonios auténticos, archivos y conclusiones judiciales. Como consecuencia, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos deben invertir esfuerzos adicionales en demostrar la autenticidad de las pruebas, mientras que la repetición constante de versiones contradictorias puede provocar una creciente indiferencia social ante la verdad.
El informe también destaca que el negacionismo afecta de manera especialmente grave a los grupos históricos marginados. Las mujeres, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y religiosas y otros colectivos pueden quedar excluidos de los procesos de búsqueda de la verdad. La ausencia de testimonios sobre violencia sexual, discriminación o persecución contribuye a perpetuar la invisibilidad de sus experiencias y dificulta el acceso a la justicia y la reparación. Por ello, los mecanismos de justicia transicional deben incorporar una perspectiva inclusiva, interseccional y sensible a las desigualdades estructurales.
Frente a estos desafíos, el Relator Especial recomienda reforzar la transparencia y el acceso a los archivos, proteger a las víctimas y a quiénes documentan las violaciones, promover una educación basada en pruebas y pensamiento crítico y preservar los espacios de memoria. Asimismo, atribuye responsabilidades a las empresas tecnológicas, que deben conservar las pruebas digitales, aumentar la transparencia de sus sistemas de moderación y adoptar medidas frente a los contenidos engañosos, sin menoscabar los derechos fundamentales.
En conclusión, el informe A/HRC/63/25, demuestra que el negacionismo no constituye simplemente una interpretación alternativa del pasado, sino una amenaza para la verdad, la rendición de cuentas y la convivencia democrática. A mi parecer, la aportación más destacable, consiste en recordar que la justicia transicional no termina con el reconocimiento de los crímenes: exige proteger de forma continuada los avances alcanzados y garantizar que ninguna víctima quede excluida, evitando su indefensión y garantizando la seguridad jurídica. Preservar la memoria y combatir la desinformación resulta indispensable no solo para reparar las injusticias cometidas, sino también para evitar que vuelvan a repetirse.
Enlace al informe completo: Aquí
Nuria Rotoroaia
