Por Juan García Salamanca
El informe A/HRC/63/78, presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en cumplimiento de la resolución 60/31 del Consejo de Derechos Humanos, sintetiza la asistencia técnica y de fomento de la capacidad prestada por el ACNUDH a la Comisión Nacional de Investigación de Yemen entre julio de 2025 y junio de 2026. El informe examina el desempeño concreto de un mecanismo nacional de rendición de cuentas que opera desde 2015, en un contexto en el que el propio Consejo ha condenado la detención arbitraria continuada de personal de Naciones Unidas por parte de las autoridades de facto huzíes.
La Comisión Nacional de Investigación constituye, pese a sus limitaciones, uno de los pocos mecanismos que continúan documentando violaciones cometidas por todas las partes del conflicto, sin embargo, su capacidad real de actuación está severamente restringida por tres factores que se refuerzan mutuamente —la negativa de las autoridades de facto a cooperar, la dependencia financiera exclusiva del Gobierno de Yemen sin transparencia presupuestaria, y la crisis de liquidez del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, que ha reducido la propia capacidad del ACNUDH para prestar apoyo—. El dato que mejor ilustra la gravedad del contexto es el aumento sin precedentes del personal de la ONU detenido arbitrariamente por los huzíes, que alcanzó la cifra de 73 personas, tres de las cuales fueron sometidas en diciembre de 2025 a un juicio por «espionaje» —delito con pena de muerte— ante un tribunal que el propio informe describe como incompatible con las normas internacionales de garantías procesales.
El informe organiza su contenido en tres bloques. El primero describe el deterioro del contexto operativo: redadas y confiscación de bienes de la ONU en Saná, el patrón de detenciones que se remonta a noviembre de 2021, y un panorama político fracturado por el estancamiento del proceso de paz, enfrentamientos armados entre el Gobierno y el Consejo de Transición del Sur en Adén en diciembre de 2025, y una escalada regional que involucró un alto el fuego entre Estados Unidos y las autoridades de facto en mayo de 2025, hostilidades entre estas últimas e Israel hasta octubre de 2025, y ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero de 2026.
El segundo bloque detalla la estructura de la Comisión —nueve miembros, cuatro de ellos jueces, con un puesto vacante tras el nombramiento de una de sus integrantes como ministra—, su secretaría de 31 personas con sede en Adén, y un equipo de investigación compuesto íntegramente por hombres, pese a que el Decreto núm. 30 de 2019 exige que al menos el 30 % del personal investigador auxiliar sean mujeres. Aquí aparece una de las tensiones más reveladoras del informe: la Comisión no publicó información sobre su financiación, se declaró financiada exclusivamente por el Gobierno de Yemen sin apoyo internacional, y durante el período no remitió ningún caso nuevo a la Fiscalía General, aunque sí realizó 53 visitas de campo y 33 visitas a centros de detención —todas ellas en zonas bajo control gubernamental, sin poder acceder a ningún centro de detención en territorio controlado por las autoridades de facto, que ni siquiera respondieron a la solicitud formal de designar un oficial de enlace—.
El tercer bloque documenta la asistencia técnica del ACNUDH: entrega de equipos informáticos, un taller sobre derechos económicos, sociales y culturales con 23 participantes de la sociedad civil, un taller de dos días sobre garantías de juicio imparcial que incluyó la evaluación de la viabilidad de crear un tribunal de derechos humanos especializado, una consulta de cuatro días con observadores sobre el terreno, y un taller de cinco días sobre justicia de transición e investigaciones de fuentes abiertas asistidas por inteligencia artificial. El informe subraya que todas estas actividades se llevaron a cabo «a pesar de» —no gracias a— las condiciones presupuestarias, lo que introduce una tensión no resuelta entre el compromiso declarado del ACNUDH y su capacidad efectiva de sostenerlo.
La aportación principal del informe reside en documentar con precisión administrativa el estrechamiento progresivo del espacio de actuación de un mecanismo de rendición de cuentas que depende simultáneamente de un Gobierno que no transparenta su financiación y de unas autoridades de facto que se niegan sistemáticamente a cooperar. Además, el Consejo Superior de la Magistratura sigue sin pronunciarse sobre la propuesta —pendiente desde 2017— de crear un tribunal especializado para juzgar violaciones graves, y mientras la Fiscalía General no recibe casos nuevos de la Comisión, el propio marco de justicia transicional que las recomendaciones finales reclaman construir sigue ausente. El informe recomienda a todas las partes cooperación plena, pero constata en su propio cuerpo que esa cooperación —particularmente por parte de las autoridades de facto— ha sido, durante el período examinado, prácticamente inexistente.
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Juan García Salamanca
