Por Mirian García Rodríguez
El presente estudio se elaboró de conformidad con la resolución 48/12 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo solicitó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que realizara un estudio detallado sobre las formas de mitigar los efectos de la pandemia mundial en los derechos humanos de los jóvenes para presentarlo al Consejo en su 51er período de sesiones. El estudio pone de manifiesto los obstáculos sistémicos a los derechos humanos de los jóvenes, especialmente en lo que respecta a la educación, el empleo, la seguridad social, la salud y la participación frente a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Contiene recomendaciones para que los Estados adopten en la recuperación de la COVID-19 un enfoque centrado en los jóvenes y basado en los derechos humanos y lo apliquen en colaboración con éstos, y para que los Estados y las entidades de las Naciones Unidas incorporen los derechos de los jóvenes y garanticen que estos puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos.
La pandemia de COVID-19 es una crisis sin precedentes que ha puesto de manifiesto las causas sistémicas y estructurales de la desigualdad, la exclusión y la discriminación, especialmente entre los jóvenes en todo el mundo, y ha demostrado que muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, han de establecer y reforzar los marcos de derechos humanos y su aplicación. Las graves repercusiones de la pandemia en los derechos de los jóvenes han acentuado el sentimiento de exclusión de estos últimos y han puesto en peligro su capacidad para desarrollar su pleno potencial y sus perspectivas a largo plazo.
Los jóvenes están menos preparados y se enfrentan a mayores obstáculos durante su transición a la independencia que antes de la pandemia, y necesitarán un apoyo específico para ser reconocidos como titulares de derechos, para ejercer sus derechos humanos y para desarrollar su potencial. La multitud de retos en materia de derechos humanos a los que se enfrentan los jóvenes, que se han visto exacerbados por la pandemia de COVID-19, deben seguir siendo una prioridad para los Estados y la comunidad internacional en los esfuerzos encaminados a reconstruir mejor en colaboración con los jóvenes tras la pandemia de COVID-19.
Siguiendo esta línea, la Alta Comisionada realiza una serie de recomendaciones a los Estados sobre la repercusión de la pandemia COVID-19 en los derechos humanos de los jóvenes en planos tan relevantes como la educación, la salud, el empleo y la protección social o el derecho a la participación. Algunas de las mencionadas recomendaciones son:
Que los Estados se preparen para futuras crisis y garanticen que las instituciones educativas permanezcan abiertas y sigan prestando servicios educativos, que faciliten métodos de aprendizaje alternativos para todos los estudiantes y supervisen la participación. Así como ofrecer una educación de calidad a todos los jóvenes, incluida la educación cívica y en materia de derechos humanos.
Que inviertan en servicios de salud física y mental universales, gratuitos y accesibles para los jóvenes, en particular servicios de salud mental, sexual y reproductiva, y servicios para jóvenes con discapacidad; y garanticen que estos servicios se basen en los derechos humanos y estén siempre disponibles.
Que reconozcan el derecho de los jóvenes a un trabajo decente con miras a regular las formas atípicas y precarias de empleo y a poner fin a las pasantías no remuneradas, así como invertir en la creación de empleo y en el perfeccionamiento y reconversión profesional de los jóvenes para que puedan disfrutar del derecho a un trabajo digno.
Fomentar la participación significativa de los jóvenes en la elaboración, la aplicación y la evaluación de la legislación, las políticas, los programas y las estrategias que les afectan, incluso en las respuestas a la pandemia. Que velen por que los jóvenes puedan ejercer su derecho a la participación y a la libertad de expresión y de reunión y asociación pacíficas en condiciones de seguridad y sin intimidación.
Reconociendo la importancia de incorporar los derechos de los jóvenes a nivel nacional, regional e internacional a la hora de abordar las cuestiones de derechos humanos que les afectan, incluidas las que surgen de la pandemia de COVID-19, la Alta Comisionada también alienta a los Estados Miembros a que aprueben y apliquen leyes, políticas, programas y estrategias que garanticen el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos humanos de los jóvenes a nivel nacional, y a que incluyan a las organizaciones juveniles o a las estructuras dirigidas por jóvenes en los procesos de elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de dichas medidas.
Mirian García Rodríguez
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