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Dificultades y las buenas prácticas en materia de prevención de la corrupción y los efectos de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)

Por Josladys Vanessa Álvarez Negrón

 

En su resolución 47/7, el Consejo de Derechos Humanos decidió celebrar, antes de su 50o período de sesiones, una mesa redonda entre períodos de sesiones sobre las dificultades y las buenas prácticas en materia de prevención de la corrupción y los efectos de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), y decidió también que los debates fueran plenamente accesibles para las personas con discapacidad. La mesa redonda se celebró el 15 de febrero de 2022 y fue organizada conjuntamente con la UNODC.

La corrupción representa una amenaza para la estabilidad y la seguridad de las sociedades e incide negativamente en los derechos humanos, ya que impide a los Estados utilizar el máximo de los recursos de que disponen para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales.  La Alta Comisionada Adjunta lamentó que la pandemia de COVID-19 hubiera servido de catalizador de la corrupción, que debilitaba los planes de protección social y los sistemas sanitarios. Por ello, encomió las prácticas que favorecían la transparencia, como la contratación pública electrónica, la contratación abierta y los paneles de gastos, que permiten a los organismos de supervisión, a los medios de comunicación y al público detectar y prevenir los riesgos de corrupción en las adquisiciones y los contratos públicos, incluidos los formalizados durante las emergencias.

La Jefa de la Subdivisión de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Económicos subrayó la estrecha relación que existe entre la protección de los derechos humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, destacando, en particular, el artículo 13, relativo a la participación de la sociedad, el artículo 10, relativo al acceso a la información, el artículo 30, relativo a los derechos de los acusados, los artículos 32 y 33, relativos a la protección de testigos, peritos, víctimas y denunciantes, y el artículo 57, relativo a la indemnización de las víctimas.

La representante del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, Anita Ramasastry, presentó el informe temático de 2020 en el que el Grupo de Trabajo examinaba la relación existente entre los actos de corrupción de las empresas y los abusos de los derechos humanos, así como la necesidad de que los Estados, las empresas y la sociedad civil relacionaran la cuestión de las empresas y los derechos humanos con las actividades de lucha contra la corrupción (A/HRC/44/43).

El Jefe Interino de Gobernanza y Políticas de los Sistemas de Salud de la OMS, David Clarke, describió el apoyo que la OMS, en el marco de su mandato de promoción del derecho a la salud, había estado prestando a los Estados miembros para que reforzaran la gobernanza a fin de combatir la corrupción y el consecuente aumento de las desigualdades. Desde un enfoque de salud pública y centrado en los problemas, la OMS trataba de comprender las causas profundas de la corrupción detectada en entornos sanitarios específicos para, a continuación, ofrecer soluciones y evaluar su eficacia, aplicar políticas y programas a mayor escala y hacer un seguimiento de los efectos en los sistemas de salud.

La Jefa de la Unidad de Convenciones de Transparency International, Gillian Dell, recordó que el Consejo de Derechos Humanos había señalado varios derechos que eran esenciales para la lucha contra la corrupción, en particular los derechos a la información, a la libertad de expresión y de reunión, a un poder judicial independiente e imparcial y a participar en los asuntos públicos. La buena gobernanza, la democracia y el estado de derecho también desempeñaban un papel fundamental. La Sra. Dell destacó varias disposiciones adicionales de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, como las relativas al acceso a la información, la transparencia en la contratación y en la gestión de la hacienda pública y la integridad del poder judicial y el ministerio público.

Tras las exposiciones de los panelistas se celebraron debates interactivos en los que participaron representantes de los Estados Miembros, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. Los panelistas respondieron a las preguntas y los comentarios que plantearon los asistentes y formularon observaciones finales. También el moderador formuló observaciones finales al concluir la mesa redonda.

Por Josladys Vanessa Álvarez Negrón

Enlace al informe completo:  Aquí 

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