El informe A/HRC/63/27/Add.1, elaborado por Marcos Orellana, Relator Especial de Naciones Unidas sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racional de las sustancias y los desechos peligrosos. El informe recoge las principales conclusiones de su visita a México, que tuvo lugar entre el 9 y el 20 de marzo de 2026. El documento examina los efectos que la contaminación y la mala gestión de residuos tienen sobre la población. También señala que, aunque México ha avanzado en protección ambiental, todavía hay dificultades importantes para asegurar el derecho a vivir en un entorno sano y libre de sustancias tóxicas.
Uno de los puntos principales del informe es que los problemas medioambientales no afectan solo a la naturaleza. También dañan el ejercicio real de varios derechos humanos. Estar en contacto con sustancias peligrosas puede afectar a la salud, el acceso al agua potable, la alimentación, el trabajo en condiciones dignas y los derechos culturales de las comunidades. Además, sus consecuencias no se reparten de forma igual. Los pueblos indígenas, las mujeres, la infancia y las personas en situación de pobreza suelen sufrir los efectos más graves de la contaminación.
El Relator Especial reconoce los compromisos internacionales que México ha asumido y la existencia de normas que regulan los residuos y protegen el medioambiente. Sin embargo, señala que parte de la normativa está desactualizada. También observa que siguen existiendo problemas de coordinación entre las autoridades. Por eso, considera necesario que los compromisos internacionales se vuelvan medidas efectivas, con suficientes recursos y una acción conjunta de las administraciones federal, estatal y municipal.
En este contexto, el informe resalta la importancia de acceder a la información, la participación pública y la justicia ambiental. Estos principios también aparecen en el Acuerdo de Escazú. La población debe conocer los riesgos de las actividades industriales para proteger su salud y participar en las decisiones sobre su entorno. Sin embargo, el Relator indica que hay problemas en la actualización de los registros de emisiones y de lugares contaminados. También menciona casos donde se ha limitado el acceso a información ambiental. Además, señala que las comunidades indígenas deben ser consultadas de manera libre, previa, informada y respetando su cultura cuando se propongan proyectos que puedan afectar sus territorios.
Una de las cuestiones que más preocupan es la existencia de las llamadas «zonas de sacrificio», lugares donde la contaminación ha seguido durante años sin que las autoridades hayan respondido como se necesita. El informe señala problemas muy graves en el Valle del Mezquital, en Hidalgo. Allí, la concentración de industrias, refinerías y otras instalaciones ha dañado la calidad del aire y del agua. La gente de la zona enfrenta varios riesgos para su salud. Las medidas tomadas no han logrado resolver del todo la situación. Para el Relator, no basta con reconocer el problema. Se necesitan acciones para restaurar el medio ambiente, dar seguimiento sanitario y reparar los daños a las personas afectadas.
El documento también examina la contaminación de los ríos Sonora, Atoyac y Lerma-Santiago. En el caso del río Sonora, menciona el derrame de residuos de lixiviado ácido que ocurrió en 2014. Señala que, más de diez años después, siguen existiendo problemas con la contaminación, la atención sanitaria y la participación de las comunidades en las decisiones sobre su reparación. Estas situaciones muestran que las respuestas institucionales no siempre han dado una solución efectiva y duradera. El informe recalca que construir plantas de tratamiento, por sí sola, no basta si no se previenen nuevas descargas tóxicas y no se restauran los ecosistemas dañados.
Otro problema tratado es el uso de sustancias peligrosas en actividades económicas. En la Sierra Gorda de Querétaro, la minería artesanal de mercurio pone en riesgo la salud de los trabajadores y del entorno. Sin embargo, el Relator también señala que muchas personas dependen económicamente de esta actividad y no pueden dejarla sin tener otras opciones. Por eso, propone ayudar en la transición hacia otros empleos y asegurar atención médica adecuada. El informe también revisa los efectos de los plaguicidas peligrosos, sobre todo en las comunidades apícolas de Campeche. En estas zonas, la muerte de abejas y la contaminación del agua afectan la salud, el ingreso económico y las prácticas culturales de la población.
A estas dificultades se suman los impactos de los criaderos industriales de animales en Yucatán. Sus aguas residuales pueden contaminar los acuíferos y afectar a comunidades mayas. También existen riesgos asociados al plomo, el asbesto y otras sustancias químicas. En algunos casos, la exposición puede provocar enfermedades que aparecen años después. Esto complica su diagnóstico y el acceso a una compensación. Por este motivo, el Relator considera fundamental mejorar la vigilancia sanitaria y ambiental, actualizar la legislación y reforzar la responsabilidad de las empresas.
Entre sus recomendaciones, el informe propone aprobar una ley general de sustancias químicas y otra de plaguicidas. También sugiere mejorar los registros públicos sobre contaminación y facilitar que las víctimas accedan a la justicia y a una reparación completa. Pide planes coordinados para restaurar los ríos contaminados. Además, recomienda más control sobre las actividades industriales y que se cumpla el principio de que quien contamina, debe pagar. Las empresas, por su parte, deben revisar los efectos de sus actividades sobre los derechos humanos, prevenir daños y asumir sus responsabilidades. También deben evitar prácticas de “greenwashing” o publicidad ambiental engañosa.
En resumen, el informe muestra que cuidar el medioambiente va de la mano con proteger los derechos humanos. En mi opinión, una de las ideas más importantes es que no basta con tener leyes o asumir compromisos internacionales si las personas siguen expuestas a sustancias peligrosas sin información, atención médica o formas efectivas de reparación. La actividad económica no puede ser una excusa para que ciertas comunidades soporten durante mucho tiempo los efectos de la contaminación. Por eso, es necesario dar prioridad a la prevención, asegurar que la población afectada participe y pedir cuentas a quienes causan los daños. Solo así se podrá avanzar hacia una protección ambiental que vaya más allá de las declaraciones y se convierta en mejoras reales para la vida de las personas.
