Por Juan Garcia Salamanca
El informe A/HRC/62/59, decimocuarto informe presentado por el Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en los territorios de Ucrania ocupados temporalmente —incluidas la República Autónoma de Crimea, la ciudad de Sebastopol y zonas ocupadas de las provincias de Khersón, Zaporizhzhia, Donetsk y Luhansk—, cubre el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025, en cumplimiento de la resolución 80/223 de la Asamblea General. El documento se elabora en un contexto de acceso deliberadamente bloqueado ya que la Oficina del Alto Comisionado solicitó formalmente a la Federación de Rusia autorización para realizar una misión de verificación en los territorios ocupados en enero de 2026, y hasta la fecha de cierre del informe, en abril de ese año, no había recibido respuesta, repitiendo un patrón ya observado en solicitudes anteriores.
El informe se centra en que la ocupación rusa no se limita al control militar del territorio, sino que constituye un proceso sistemático de asimilación forzosa que opera simultáneamente en el plano jurídico, educativo, cultural, religioso y de propiedad, con el objetivo declarado —recogido en la propia Estrategia de Política Nacional Estatal aprobada por Rusia en noviembre de 2025— de integrar a 2,56 millones de habitantes de los territorios ocupados en el «espacio jurídico, social, económico, educativo, cultural e informativo» de la Federación de Rusia. El informe respalda esta idea con un alto nivel de detalle en su documentación contando con entrevistas directas a 89 personas que abandonaron los territorios ocupados, a 62 civiles que habían estado detenidos, y el análisis de 35 resoluciones judiciales rusas que prohibían el regreso de personas por poseer imágenes de símbolos ucranianos en sus teléfonos móviles.
El informe sostiene criticamente dos elementos que lo distinguen de una simple crónica de abusos. El primero es la constatación de continuidad institucional: el propio Secretario General señala que este es su decimocuarto informe consecutivo desde 2018 y que los patrones de vulneración ya señalados en los trece informes anteriores «no han dado lugar, en su mayor parte, a investigaciones ni a enjuiciamientos», lo que convierte el ejercicio de documentación en un procedimiento que se repite sin generar consecuencias jurídicas tangibles. El segundo es la escala de la evidencia acumulada desde 2022: 182 civiles ejecutados extrajudicialmente, al menos 39 fallecidos bajo custodia por presunta tortura o denegación de asistencia médica, y un patrón de tortura y malos tratos reportado por más del 92% de los civiles detenidos entrevistados durante este período específico.
Este informe organiza sus hallazgos en cuatro bloques temáticos, precedidos por un examen del comportamiento de la Federación de Rusia como potencia ocupante bajo el prisma del derecho internacional humanitario. Documenta que Rusia continúa imponiendo su propio sistema jurídico y administrativo en los territorios ocupados, en contravención del deber de respetar la legislación vigente, e identifica tres mecanismos concretos de coerción hacia la nacionalidad rusa: la restricción de acceso a medicamentos, empleo público y libertad de circulación para quienes carecen de pasaporte ruso, con un plazo límite fijado el 10 de septiembre de 2025 para regularizar la situación o abandonar el territorio.
En materia de traslados forzosos, el informe documenta deportaciones directas a Georgia de nacionales ucranianos que, tras cumplir condena, se negaron a adquirir la nacionalidad rusa, y señala que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en julio de 2025 que no existe fundamento jurídico que justifique el traslado de niños ucranianos hacia territorio ruso. Según la iniciativa Bring Kids Back del Gobierno de Ucrania, solo 1.972 niños han podido regresar desde el inicio de la invasión a gran escala, una cifra que contrasta con las aproximadamente 200 transferencias documentadas solo por el ACNUDH desde zonas específicas. El alistamiento forzoso constituye otro frente activo: en octubre de 2025 se introdujeron por primera vez citaciones electrónicas de alistamiento, y en diciembre un decreto presidencial convirtió las campañas semestrales en un proceso permanente.
El bloque dedicado al derecho a la vida y la integridad física contiene el material más grave del informe: de 62 civiles entrevistados que habían sido puestos en libertad, 30 denunciaron actos de violencia sexual —incluidas descargas eléctricas en genitales y amenazas de violación y castración—, y el ACNUDH constató además 13 casos adicionales de violencia sexual cometidos contra 12 mujeres y una niña en zonas donde estaban estacionadas fuerzas rusas. El informe documenta también la persistencia de desapariciones forzadas de facto: familiares llevan años sin conocer el paradero de personas detenidas, y en un caso las autoridades ocultaron durante 19 meses la ubicación de un hombre detenido, hasta que su familia lo localizó por cuenta propia en prisión preventiva.
En el ámbito de las libertades fundamentales, el informe cuantifica con precisión la represión del disenso: 211 sanciones económicas por «desacreditar» a las fuerzas armadas rusas, 30 condenas por exhibir símbolos ucranianos, y penas que alcanzan los 15 años de prisión por delitos como pintar grafitis a favor de Ucrania, calificados como traición. La libertad religiosa aparece como un frente adicional de persecución, con los Testigos de Jehová y personas vinculadas a la organización islámica Hizb ut-Tahrir —legal en Ucrania pero calificada de terrorista en Rusia— como principales objetivos, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en octubre de 2025 ilegal la criminalización de las actividades religiosas de los Testigos de Jehová bajo la categoría de extremismo.
El informe dedica también atención sostenida al ámbito cultural y educativo, documentando la eliminación completa del ucraniano como asignatura en diciembre de 2025, la sustitución de más de 10.000 letreros viales en Kakhovka, y la asistencia de 85.000 niños de los territorios ocupados a campamentos con contenido de adoctrinamiento ideológico y militar durante 2025. En el terreno de los derechos de propiedad, se documenta el registro de al menos 5.557 viviendas declaradas «sin titular conocido» en Donetsk y Luhansk bajo un mecanismo legal ruso que permite transferir su titularidad a las autoridades de ocupación si el propietario original no comparece presencialmente —una comparecencia que resulta prácticamente imposible dados los riesgos de detención en el único punto de entrada autorizado, el aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú. Finalmente, el acceso al agua aparece como una dimensión menos habitual en este tipo de informes: el racionamiento impuesto en Donetsk desde julio de 2025 y la reducción de más del 90% de la superficie del embalse de Volyntsivske, verificada mediante análisis satelital, ilustran cómo la destrucción de infraestructura durante el conflicto se traduce en privación de necesidades básicas para la población civil bajo ocupación.
En conclusión, el informe A/HRC/62/59 viene a confirmar, que la ocupación rusa de los territorios ucranianos opera como un sistema integral de control que trasciende ampliamente la dimensión militar. La asimilación forzosa de la población mediante presión sobre la nacionalidad, la eliminación de la lengua y el patrimonio cultural ucranianos, y el alistamiento progresivamente coercitivo se combinan con un patrón sistemático de tortura, violencia sexual y desaparición forzada documentado de manera consistente en catorce informes consecutivos desde 2018.
Enlace al informe completo: Aquí
Juan Garcia Salamanca
