Por Laia Sancho.
El informe de ONU-Mujeres sobre las actividades del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer parte de una idea central: la violencia contra las mujeres y las niñas no es un problema privado ni aislado, sino una vulneración estructural de derechos humanos que exige respuestas jurídicas, institucionales y sociales coordinadas. La Nota del Secretario General se presenta, además, en un contexto especialmente relevante: a solo cuatro años del plazo fijado por la Agenda 2030, la meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible —eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas— sigue lejos de alcanzarse.
Uno de los datos más impactantes del informe es que, a nivel mundial, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida. A ello se suma que unas 140 mujeres y niñas mueren cada día a manos de su pareja o de un familiar cercano. Estos datos evidencian que no basta con reconocer formalmente derechos: el verdadero reto está en garantizar su efectividad. Desde una perspectiva jurídica, el informe conecta directamente con la obligación de los Estados de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia de género. Sin embargo, también muestra que, en la práctica, muchas veces son las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones feministas quienes sostienen el acceso real de las víctimas a la justicia.
El aspecto más interesante del informe es precisamente su concepción amplia del “acceso a la justicia”. No lo limita a acudir a un juzgado, sino que lo entiende como la posibilidad real de recibir información, asistencia jurídica, protección, apoyo psicosocial, acompañamiento y reparación. En muchos contextos, la justicia empieza antes del proceso judicial: en un refugio, en una línea de ayuda, en una organización comunitaria o en un servicio de atención a supervivientes. Esta visión resulta especialmente importante para mujeres que sufren barreras añadidas, como pobreza, desplazamiento, discapacidad, aislamiento geográfico, desconocimiento del idioma o falta de alfabetización jurídica.
El Fondo Fiduciario cumple aquí una función clave. Según el informe, en 2025 gestionó una cartera de 74,5 millones de dólares destinada a 159 organizaciones en 71 países y territorios. Además, a lo largo de tres décadas ha invertido más de 252 millones de dólares en 725 organizaciones de 140 países y territorios. No se trata únicamente de financiación, sino de apoyo flexible, sostenido y adaptado a la realidad de quienes trabajan sobre el terreno. Esta idea es jurídicamente relevante porque demuestra que la lucha contra la violencia de género no depende solo de aprobar leyes, sino también de dotarlas de recursos suficientes para que puedan aplicarse.
El informe también advierte de un riesgo preocupante: la reducción del espacio cívico, los recortes de financiación y la reacción contra los derechos de las mujeres. Cuando se debilita a las organizaciones que acompañan a las víctimas, se debilita también el acceso efectivo a la justicia. Por eso, el texto insiste en la necesidad de proteger a la sociedad civil y garantizar una financiación estable, flexible y a largo plazo.
En conclusión, el informe muestra que eliminar la violencia contra las mujeres exige algo más que declaraciones políticas. Requiere leyes eficaces, instituciones responsables, financiación suficiente y participación activa de las organizaciones que conocen de cerca la realidad de las supervivientes. Su principal aportación es recordar que la justicia no puede ser meramente formal: debe ser accesible, cercana, reparadora y centrada en las víctimas.
Enlace al informe completo: Aquí
Laia Sancho Oses
