Master de Comunicacion con Fines Sociales
El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos examinó la situación de los derechos humanos en Croacia durante su 50 período de sesiones, celebrado en noviembre de 2025, con la participación de 74 delegaciones. El Estado examinado acudió a este ciclo habiendo aceptado 194 de las 224 recomendaciones del examen anterior, cifra que da cuenta de una disposición sostenida hacia el escrutinio internacional. El diálogo se desarrolló en un contexto marcado por la memoria del conflicto armado de los años noventa y por el proceso de integración de Croacia en la arquitectura europea de derechos humanos, dos factores que atravesaron gran parte de las intervenciones y orientaron el sentido de las recomendaciones.
La delegación presentó un conjunto de reformas legislativas e institucionales que la comunidad internacional valoró positivamente. Entre ellas destacan la ratificación de la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la tipificación del feminicidio como delito específico en el código penal y la acreditación de la defensoría del pueblo con la categoría A conforme a los Principios de París.
A ello se suma un amplio conjunto de planes nacionales con horizontes a 2027 y 2030, que abarcan ámbitos como los derechos humanos, la lucha contra la discriminación, la igualdad de género, la trata de personas, la salud mental, el desarrollo educativo y la inclusión de la comunidad romaní. Un avance destacado fue la puesta en marcha del modelo barnahus (un sistema de atención integral a niños víctimas de delitos en un único espacio adaptado), concebido para prevenir la retraumatización durante los procesos judiciales mediante una respuesta coordinada que integra asistencia médica, jurídica y psicosocial.
También se señalaron como logros relevantes la reducción del atasco judicial, que pasó de un millón seiscientos mil casos sin resolver hace dos décadas a poco más de cuatrocientos mil en la actualidad, de igual forma se mencionó la aprobación en 2024 de la primera ley de grupos de presión y el fortalecimiento de la protección de los denunciantes de irregularidades mediante las enmiendas introducidas en 2025.
Sin embargo, pese a estos avances, persisten debilidades estructurales que las reformas normativas no han conseguido cerrar. Una de las preocupaciones más reiteradas fue la proliferación de demandas estratégicas contra la participación pública, ámbito en el que Croacia registra una de las cifras más altas de la Unión Europea, lo que debilita la libertad de prensa y limita la protección efectiva de periodistas y defensores de derechos humanos.
En esa misma línea, el discurso y los delitos de odio, dirigidos particularmente contra las minorías serbia y romaní y, en menor medida, contra la comunidad LGBTIQ+, concentraron una parte considerable de las recomendaciones y dejaron al descubierto una brecha persistente entre el marco legal y su aplicación judicial. Varias delegaciones insistieron en la necesidad de reforzar la capacitación de la policía, los fiscales y los jueces para impedir que estos delitos sean calificados erróneamente como faltas menores, así como prohibir de manera inequívoca el uso y la exhibición pública de símbolos de odio.
En el caso de la minoría serbia, varias delegaciones llamaron la atención sobre la necesidad de garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio del derecho al uso de los idiomas y alfabetos minoritarios, así como de fortalecer su representación en la vida pública.
El examen abordó también otras dimensiones de especial relevancia; por ejemplo,en el terreno de la violencia contra las mujeres, la aplicación de la legislación vigente presenta deficiencias considerables, entre las que sobresale la práctica de la doble detención de víctima y agresor, factor que desincentiva la denuncia y profundiza la victimización secundaria. A ello se añaden la brecha salarial de género y la escasa incorporación de las mujeres al mercado laboral en las zonas rurales, sin que el plan nacional de igualdad de género haya producido aún resultados proporcionales al diagnóstico.
En materia migratoria, las recomendaciones se concentraron en las denominadas devoluciones en caliente, en la detención de menores por motivos migratorios y en el fortalecimiento de los mecanismos independientes de vigilancia fronteriza. La justicia transicional, pese a los avances alcanzados, sigue requiriendo un enfoque más integral que asegure reparación a todas las víctimas del conflicto sin distinción de origen étnico o nacional. A este conjunto de preocupaciones se sumó la lucha contra la corrupción, ámbito en el que diversas delegaciones subrayaron la importancia de fortalecer las instituciones de vigilancia independientes y de revisar el código de procedimiento penal y la legislación que regula la oficina para la represión de la corrupción y la delincuencia organizada.
Por último, el documento subraya la importancia de fortalecer la transparencia gubernamental y la participación efectiva de la sociedad civil en el seguimiento de los compromisos internacionales. Pese a contar con un marco institucional consolidado y con una Defensoría del Pueblo acreditada conforme a los Principios de París, varias delegaciones señalaron la necesidad de garantizar mecanismos formales de inclusión de las organizaciones sociales en la formulación de políticas públicas, así como una financiación sostenible para los defensores de derechos humanos. El seguimiento constante de las recomendaciones del Examen Periódico Universal resulta esencial para que los compromisos asumidos se traduzcan en mejoras reales y verificables.
El informe A/HRC/61/15 demuestra que Croacia, aunque cuenta con un marco normativo sólido y una participación activa en los mecanismos internacionales de derechos humanos, continúa enfrentando desafíos significativos en la protección plena de los derechos de toda su población. Tal como mencionaron las delegaciones, la situación de las minorías serbia y romaní, las deficiencias en la aplicación de las leyes contra la violencia de género, la presión sobre los periodistas mediante las demandas estratégicas contra la participación pública y las tensiones en materia migratoria y de justicia transicional requieren una atención continua así como políticas sólidas. Para Croacia, el reto principal consiste en transformar los compromisos asumidos en acciones concretas que garanticen la igualdad, la inclusión y el respeto pleno de los derechos.
