Por Laura Espejo Suescun
El informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud en Australia pone de relieve una serie de elementos sustantivos que permiten comprender tanto los avances como las carencias persistentes en la materia. En primer lugar, desde un punto de vista normativo, Australia cuenta con un marco legal relativamente sólido que proscribe prácticas como el trabajo forzoso, la servidumbre, la trata de personas y el matrimonio forzado. Asimismo, ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos y de la Organización Internacional del Trabajo aunque sigue pendiente la adhesión a convenios clave como el relativo a trabajadores migrantes o el de pueblos indígenas y tribales. El Relator también observa como carencia la ausencia de una carta o ley nacional de derechos humanos, lo que genera una protección fragmentada.
En cuanto a la atención a las víctimas se han implementado planes de acción nacionales, programas de apoyo gestionados por la Cruz Roja y vías de derivación alternativas que no dependen de la policía. No obstante, subsisten obstáculos importantes tales como la exclusión de trabajadores indocumentados de los programas de ayuda, la insuficiencia de recursos para organizaciones comunitarias y la persistente vinculación entre el acceso a apoyos y la cooperación con procesos penales. Al mismo tiempo, la figura del Comisionado Antiesclavitud se perfila como pieza clave, aunque se advierte la necesidad de dotarla de mayores competencias y recursos.
El informe dedica atención a colectivos particularmente vulnerables. Entre ellos, los trabajadores migrantes temporales aparecen como uno de los grupos más expuestos debido a la precariedad de sus visados, la dependencia respecto de un único empleador y las prácticas abusivas de intermediarios laborales. Asimismo, se identifican riesgos graves para solicitantes de asilo a menudo empujados hacia empleos informales y explotadores por la falta de derechos laborales plenos. Las personas con discapacidad, en ocasiones confinadas en entornos segregados o sometidas a salarios inferiores al mínimo, enfrentan igualmente dinámicas de explotación con escaso control estatal. Por su parte, los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres arrastran las secuelas de injusticias históricas como los llamados “salarios robados” y las generaciones separadas que se traducen en vulnerabilidades estructurales.
Por ende, en el informe, a la par que se reconocen avances normativos e institucionales, persisten vacíos que dejan expuestas a miles de personas en contextos de explotación. La combinación de legislación, mecanismos de protección efectivos y políticas inclusivas será determinante para que Australia logre cumplir con sus compromisos internacionales y especialmente garantizar que los grupos más vulnerables puedan vivir libres de prácticas que aunque adoptan formas modernas, reproducen la misma relación de dominación y aprovechamiento de la vulnerabilidad propia de la esclavitud.
Enlace al informe completo: Aquí
Laura Espejo Suescun
