Por Marcos Marugán Navas
El presente comentario desarrollado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), versa sobre los posibles efectos de la adquisición, posesión y empleo de armas de fuego por personas civiles, enfatizando el impacto que genera con respecto al derecho a participar en la vida cultural y dirección de los asuntos públicos; todo ello fundamentado sólidamente en la actual normativa internacional.
Subraya la existente desproporción en la tenencia de armas por parte de los civiles, posesión individual mayor a la existente en las fuerzas del orden y la armada juntas y, cuya letalidad de manera inimaginable, supera la de los conflictos armados y el terrorismo de manera simultánea; especialmente resalta el continente americano, donde los homicidios con armas de fuego alcanzan cifras muy alarmantes.
Tal violencia incide directamente en el ejercicio de los derechos fundamentales, limitando así la participación cultural y política a través de múltiples apariencias de represalia, tales como: ataques selectivos a políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos; controles territoriales ejercidos por bandas armadas, restringiendo la movilidad; y generando un impacto desproporcionado en las comunidades vulnerables, minorías étnicas, indígenas y personas bajo la situación de pobreza, etc.
A su vez, el informe reconoce que, en ciertos contextos, las armas de fuego forman parte de prácticas culturales como son la caza o el tiro deportivo, pero advierte que el fundamento principal para su adquisición suele ser la autodefensa; y el posible autorrefuerzo de estereotipos de masculinidad que perpetúa la violencia armada.
Finalmente, el propio ACNUDH enfatiza en ciertas recomendaciones para la disminución de la adquisición, posesión y empleo de las armas de fuego por los civiles, primordialmente habla sobre la recomendación de establecer obligaciones estatales de protección y prevención: fortaleciendo las capacidades policiales y judiciales frente a futuros incidentes con armas de fuego; continúa indicando la actual necesidad de voluntad política y su consecuente capacidad institucional para poder implementar recomendaciones sobre los obstáculos claves; por último, menciona la posible mejora en la participación comunitaria, consultando a las víctimas para así poder asegurar las políticas públicas pertinentes y ajustadas a la realidad local.
En conclusión, la proliferación y uso de armas de fuego por civiles constituye una amenaza grave y multidimensional para el goce efectivo de los derechos humanos, particularmente para la participación cultural y política. De tal manera, el informe ofrece un diagnóstico preciso y recomendaciones muy valiosas, cuya eficacia dependerá íntegramente del compromiso de los Estados, la sociedad civil y la propia comunidad internacional.
Marcos Marugán Navas
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