Por Adrián Avilés Cabanilla
Desde una perspectiva jurídica, el fenómeno de los migrantes desaparecidos representa una de las manifestaciones más graves de vulneración de derechos humanos en el contexto internacional actual. Resulta evidente que el ordenamiento jurídico internacional ya contempla normas y principios que podrían dar respuesta a esta situación, pero el problema radica en su escasa aplicación práctica.
En este sentido, uno de los puntos clave es la necesidad de que los Estados ratifiquen y apliquen de forma efectiva los tratados internacionales existentes, como la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que establece obligaciones concretas en materia de prevención, investigación, sanción y reparación.
Además, debe garantizarse el derecho a la verdad como un derecho humano esencial, no solo en los textos legales, sino también en la realidad de las familias afectadas, muchas de las cuales permanecen años sin conocer el paradero de sus seres queridos. Para que esto sea posible, es fundamental que cada Estado cuente con mecanismos internos de búsqueda e identificación, apoyados por una legislación penal adecuada que tipifique la desaparición forzada de migrantes como un delito específico, con agravantes que reflejen su especial gravedad.
Otro elemento clave es la cooperación internacional, ya que la mayoría de estos casos se producen en contextos transnacionales. Por tanto, compartir información entre países, actuar de forma coordinada en las investigaciones y establecer acuerdos sobre identificación forense y repatriación de restos humanos no es solo una cuestión técnica, sino un imperativo jurídico y ético. Todo ello debe basarse en el principio de diligencia debida, que obliga a los Estados a prevenir, investigar y sancionar este tipo de violaciones.
De esta forma vemos que el informe A/HRC/59/49 revela que cada año desaparecen decenas de miles de migrantes en rutas internacionales, muchas veces víctimas de desapariciones forzadas vinculadas a redes criminales y omisiones estatales.
Las familias sufren una doble victimización, sin acceso efectivo a la verdad ni a mecanismos adecuados de búsqueda, investigación y reparación. La falta de aplicación de tratados internacionales y la ausencia de legislación específica agravan la impunidad. Por tanto, afrontar esta crisis exige algo más que voluntad política: requiere una respuesta legal coherente y eficaz, que combine el respeto a los derechos humanos con la aplicación real de las normas existentes. Solo así podrá garantizarse justicia para las víctimas y sus familias, y evitar que estas tragedias sigan repitiéndose en silencio.
Adrián Avilés Cabanilla
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