Por Sandra Navarro
Sobre la base de la resolución 52/17 del Consejo de Derechos Humanos, la experta Attiya Waris presentó un informe sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales, el cual procederemos a analizar.
Hacer efectivos los derechos humanos es un desafío global, complicado por factores como la desigualdad, el cambio climático y conflictos. Se cuestiona la necesidad de un desarrollo lineal en el ámbito financiero. Los seres humanos, como tomadores de decisiones, enfrentan obstáculos como la nacionalidad y la influencia mediática, lo que puede oscurecer la responsabilidad fiscal. Se destaca la importancia de que los sistemas fiscales avancen hacia la realización de los derechos humanos, protegiendo a los más vulnerables. El informe explora la «legitimidad fiscal» y propone un enfoque basado en principios para garantizar los derechos humanos a nivel individual y global.
La legitimidad fiscal implica un sistema tributario que cumpla con principios de buena gobernanza como transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad. En el contexto de las cuentas públicas, determina decisiones válidas sobre financiamiento, asignación de recursos y gasto público. En los Estados modernos, la legitimidad fiscal requiere la asunción de obligaciones recíprocas entre individuos y sus instituciones. Esto implica que las decisiones fiscales deben reflejar los intereses y derechos de la sociedad. La confianza en que las instituciones fiscales protegerán estos intereses es crucial para la legitimidad fiscal. Por lo tanto, un sistema tributario legítimo debe ser transparente, rendir cuentas y responder a los principios de eficacia, eficiencia, equidad y justicia.
Varios factores afectan la legitimidad fiscal, como la distribución desigual de la riqueza y la percepción de justicia y equidad en el sistema tributario y el gasto público. La opacidad en los procesos y sistemas, la economía heredada y el trabajo no remunerado también influyen. La capacidad de gestión económica de un gobierno es crucial para su legitimidad fiscal. A nivel internacional, los problemas sistémicos como la desigualdad y la corrupción deben abordarse para lograr una arquitectura financiera mundial legítima. La confianza en los líderes políticos y la percepción de corrupción en asuntos fiscales también son determinantes. La discriminación racial y de género, junto con la desigualdad y la falta de confianza pública, pueden socavar la legitimidad fiscal a nivel nacional, especialmente cuando se implementan medidas de austeridad que afectan desproporcionadamente a los más vulnerables.
Attiya Waris considera que los sistemas fiscales deben ser transparentes, no discriminatorios y deben tener mecanismos de rendición de cuentas en la recaudación, asignación y gasto de los recursos públicos. Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger los intereses de sus ciudadanos y actuar en su beneficio, así como de crear condiciones para la legitimidad fiscal, incluida la instrucción e información a todas las partes interesadas. La participación en los asuntos públicos es fundamental según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los préstamos soberanos deben ser evaluados cuidadosamente para garantizar una rentabilidad social adecuada. Se recomiendan niveles mínimos de gasto en educación, salud y protección social como referencia internacional. Los sistemas fiscales deben basarse en principios de justicia social, lucha contra la desigualdad y respeto a los derechos humanos.
Sandra Navarro
