Por Isabella Canales Carballo
En el informe proporcionado por la Experta independiente Claudia Mahler sobre los derechos humanos de las personas mayores en Perú, se recogen los resultados de su visita del 11 al 22 de marzo de 2024, ya que en este país existe un envejecimiento en la población creciente, de manera que se encuentran desafíos sociales, políticos y económicos afectados por las desigualdades, y los altos niveles de una desigualdad en la economía, siendo un país poco desarrollado.
Vemos con claridad que Perú ha adaptado varios marcos legales y políticos relevantes, cómo puede ser la Ley de la Persona Adulta Mayor del año 2016, y la Política Nacional Multisectorial para Personas Adultas Mayores al 2030, buscando que se garanticen una serie de derechos fundamentales, como el acceso a la salud, la Seguridad Social y una vida digna, debido a que en este país existen una serie de conflictos y problemas significativos, como el edadismo, la discriminación por género, etnia y el abandono a tales personas de avanzada edad.
Esto sucede, debido a que, por las grandes diferencias sociales, muchas de estas personas carecen de acceso a los servicios básicos y se enfrentan día a día a una serie de barreras como la alfabetización digital o el limitado alcance a las políticas públicas, destacando las zonas rurales, que son los grupos más afectados.
En relación con la Seguridad Social, el 47% de las personas mayores tienen un acceso a un sistema de pensiones, pero en este caso, suelen tener un rango tan bajo que dificulta el acceso a los beneficios, y programas creados como Pensión 65, ayudan a las personas que se encuentran en una situación de pobreza extrema, pero su cobertura es limitada resultando insuficiente para poder cubrir las necesidades básicas necesarias.
En cuanto a la salud, la mayoría portan de un seguro médico, siendo estos deficientes, especialmente en las áreas rurales, donde faltan especialistas dedicados a la geriatría y hospitales con los materiales esenciales, asimismo, los medicamentos y la atención mental sigue en decadencia.
En el informe se señala que existen altos índices de violencia tanto física como psicológica hacia las personas mayores, destacando a las mujeres y las comunidades LGBTQ+, debido a la fata de personal en las instituciones.
Por último, se menciona por parte de la Experta que se debe fortalecer la coordinación entre instituciones, de manera que se aumente la inversión en los servicios comunitarios, mejorando las condiciones laborales de los mayores y garantizando su participación en la toma de decisiones políticas y sociales.
