Por Violeta Hailing
En el informe A/HRC/54/54 sobre “Situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia” analizaremos las medidas represivas contra el ejercicio pacífico de los derechos humanos, que han aumentado desde el ataque armado contra Ucrania.
La situación política en Rusia es compleja a causa de la falta de auténtica oposición política, represión de las voces contrarias y falta de transparencia del proceso legislativo. El poder judicial está influenciado por la manipulación política, lo que supone una socavación del estado de derecho. Un ejemplo claro es la forma en la que se aplica una legislación restrictiva contra la sociedad civil. La Ley Federal núm. 121-FZ de 20 de junio de 201 ha obligado a cerrar numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG), medios de comunicación, periodistas, etc. Esta práctica es contraria al derecho de la libertad de asociación.
La libertad de expresión y opinión es uno de los derechos que forma la sociedad civil y que protege al resto de derechos. La Federación Rusa ha impuesto diversas disposiciones legislativas que han dado lugar a una preocupante limitación de estos derechos. La televisión ha pasado a ser controlada en mayor parte por el Gobierno y oligarcas, disminuyendo la retransmisión de contenido extranjero. El primer día que Ucrania fue atacada, se ordenó a todos los medios de comunicación que utilizaran únicamente fuentes autorizadas por el Estado para poder informar sobre la invasión en cuestión, unos días más tarde se cerraron aquellos medios que no siguieron la orden, es decir, unos 300.
La situación de los periodistas no mejora, según el Índice Global de Impunidad de 2021, Rusia es uno de los peores países del mundo en lo que respecta a asesinatos de periodistas. El asesinato de Anna Politkovskaya en 2006 y Natalia Estemirova siguen sin ser resueltos, ambas periodistas. Para callar a los periodistas rusos se recurre a un acoso extrajudicial, detenciones y multas administrativas. La criminalización de los periodistas es una de las vías más utilizadas, en 2023 80 personas fueron acusadas de traición.
Debido al uso de internet para la movilización de manifestantes, se aprobó una legislación para poder controlar el ciberespacio, impidiendo la libertad de expresión en internet. En 2022 se bloquearon 4.900 sitios web en una semana y tras la invasión a Ucrania, se retiraron 125.000 páginas web que hablaban sobre “la operación militar especial”.
Se ha difundido propaganda en la que se justifica la guerra contra Ucrania intentando crear una imagen deshumanizada del pueblo ucraniano. En las escuelas se obliga a los niños a asistir a una clase denominada “Conversaciones importantes”, en las que se difunden las opiniones del gobierno, aquellos que no asisten son víctimas de acoso juntos a sus progenitores.
Queda más que claro que desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano, la situación de los derechos humanos ha empeorado significativamente. El gobierno ruso ha aprobado leyes para utilizarlas como instrumentos contra aquellos que tiene una opinión diferente, limitando los derechos fundamentales de asociación, reunión, libertad de expresión y opinión. Miles de personas se han visto obligadas a huir de Rusia para no ser víctimas de las restricciones injustificadas y persecuciones.
Violeta Hailing
