Por Violeta Pili
En el informe A/HRC/54/33 sobre “La cuestión de la pena de muerte” analizamos la relación entre los artículos 6 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con el objetivo de focalizar nuestra atención en el derecho a solicitar el indulto o conmutación de la pena y en el derecho a que el fallo sea sometido a un tribunal superior.
El primer paso para cumplir con los derechos humanos es promover el abolicionismo en los países en los que aún se practica la condena a la pena de muerte ya que esta no es compatible con el pleno respeto del derecho a la vida.
Se han contemplado numerosos avances en los que países como Liberia y Uganda han votado a favor de la resolución de la Asamblea General sobre la moratoria del uso de la pena de muerte. Centrándonos en la zona de África subsahariana, se han abolido la pena de muerte para todos los delitos en la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial y Zambia. Sin embargo, en 2022 hubo un aumento de ejecuciones en Oriente Medio y Norte de África, produciéndose ejecuciones casi a diario durante dos semanas en la Arabia Saudí.
El artículo 6, párrafo 4, del Pacto establece que toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte sin aplicar ningún tipo de discriminación basada en el tipo de delito, grupo social, raza o sexo. Según la interpretación del Comité de Derechos Humanos, los Estados que forman parte del Pacto tienen la obligación de permitir que las personas condenadas a muerte soliciten el perdón o la reducción de su sentencia. Esto les brinda la oportunidad de beneficiarse de medidas como la amnistía, el perdón o la reducción de la pena en circunstancias adecuadas. Además, deben asegurarse de que las ejecuciones no se lleven a cabo antes de que se hayan revisado minuciosamente las solicitudes de perdón o reducción de la pena, y se haya tomado una decisión definitiva de acuerdo con los procedimientos establecidos.
El tiempo que un recluso pasa condenado a muerte puede resultar importante ya que pueden aparecer circunstancias que ayuden a la concesión del indulto o conmutación de la pena como por ejemplo ayuda en las investigaciones policiales o cambio de régimen. Un ejemplo es el caso de un recluso malasio que, tras 29 años en el corredor de la muerte, consiguió demostrar su inocencia. Sin embargo, las solicitudes de clemencia deben ser atendida en un plazo razonable para cumplir así garantías como la certeza que de se va a tratar la solicitud. En Vietnam se tarda en tramitar menos de un año mientras que en Malasia y Tailandia entre quince y veinte años.
En otros países se aplican excepciones a determinados tipos de delitos a los que no se les aplica el indulto, como, por ejemplo: personas que hayan escapado de prisión, reincidentes, delitos de terrorismo o que hayan cometido alguna infracción mientras estuvieron detenidos. Sin embargo, esto resulta injusto en países como Camerún ya que la mayoría de las personas condenadas a muerte ha sido por delitos relacionados con el terrorismo.
El artículo 14, párrafo 5, del Pacto, exige que el condenado tenga derecho a que el fallo condenatorio y la pena sean sometidos a un tribunal superior. Violan este derecho aquellas penas de muerte obligatorias ya que son consideradas arbitrarias desde un primer momento. Además, se vulnera también en el caso de considerar definitiva la decisión de un tribunal de primera instancia o cuando el tribunal más alto de un país actúa como primera y única instancia.
En un plano general, el Secretario General manifiesta satisfacción ante los avances de la abolición universal de la pena de muerte gracias a la creación de nuevas leyes nacionales. En pleno siglo XXI es esencial la abolición de esta práctica para poder respetar el derecho a la vida.
