Por Paula Martínez Salas
En el presente informe el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter trata de instar a todos los Estados a tratar la no percepción como una prioridad política urgente. Para ello se basa en investigaciones primarias y secundarias, incluida una encuesta mundial sobre la no percepción que el mandato del Relator Especial realizó en 2021. También se fundamenta en entrevistas con expertos en no percepción y con organizaciones que trabajan con personas en situación de pobreza, sin hogar, en la economía informal y con otros grupos habitualmente excluidos de la protección social.
La no percepción se refiere a una situación en la que las personas que tienen derecho a la protección social no acaban beneficiándose de ella, independientemente de cuál sea el motivo, por lo que la no percepción impide que las personas que cumplen los requisitos disfruten efectivamente de su derecho a la seguridad social. En informes anteriores, el Relator Especial ha transmitido que la protección social no debe verse como un coste, sino como una inversión. La no percepción tiene importantes costes a corto y largo plazo para las personas, los hogares y la sociedad en su conjunto. Entre sus efectos figuran la reducción de los ingresos y el aumento de la pobreza y las desigualdades, los costes psicológicos y el desgaste de la confianza en el Estado.
Las personas pueden quedar excluidas de la protección social por diversos motivos, entre los que se destacan dos obstáculos especialmente frecuentes: por un lado, los errores de selección y exclusión en los registros sociales; y por otro, la falta de ciudadanía y los problemas con el registro de nacimientos. Los bajos niveles de protección que ofrecen los regímenes, o lo imprevisible de su desembolso, pueden llevar a que los individuos no soliciten la prestación. Aun cuando cumplen con todos los requisitos y los beneficios son superiores, las personas se enfrentan a obstáculos iniciales entre los que figuran la falta de conocimiento de las propias prestaciones (destacando las barreras lingüísticas y de alfabetización), la falta de información sobre los criterios de admisibilidad, las dificultades para rellenar los formularios de solicitud, los importes bajos y la estigmatización a la hora de entrar en contacto con las administraciones públicas. Incluso cuando las personas superan con éxito los obstáculos anteriormente señalados, otros problemas como la falta de financiación, las barreras físicas, tecnológicas y administrativas, los sobornos y la falta de procedimiento de apelación o la falta de claridad en dicho procedimiento pueden hacer que las personas que cumplan los requisitos para recibir prestaciones no las reciban. En la encuesta mundial también se observó la importancia de las barreras físicas y tecnológicas que impiden que reciban las prestaciones, así como de la carencia de una cuenta bancaria o la incapacidad de proporcionar toda la documentación. Algunas de las barreras que la encuesta puso de manifiesto fueron las deficiencias en la alfabetización digital o la falta de conexión a Internet.
Para concluir, el informe el Relator Especial plantea cuatro prioridades: En primer lugar, un replanteamiento de la protección social como un derecho humano. En segundo lugar, el suministro de información específica sobre las prestaciones de protección social y el desarrollo de comunicación eficaces. En tercer lugar, la automatización de las prestaciones. Y en cuarto y último lugar, la participación de las personas en situación de pobreza en el diseño.
Paula Martínez Salas
Enlace al informe completo: Aquí
