Por Andrea Ibarguren.
EL DERECHO DE ACCESO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO. PLAN Y VISIÓN DEL MANDATO DE 2020-23
En consonancia con las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 16/2 y 45/8 por las que se insta al Relator Especial Pedro Rojo Agudo a señalar los reto y obstáculos para la efectividad de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Así mismo, a explicar su plan y visión para el mandato.
Con la evolución del propio cargo se ha concretado tanto el contenido de los derechos al agua y saneamiento como su proyección normativa, sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer en lo que respecta a su aplicación efectiva.
Pese a que con anterioridad no era así, a lo largo del Siglo XX los intereses económicos sustituyeron el principio del interés general en torno a la gestión comunitaria del agua, sin embargo, los sucesos que nos acontecen incluida la pandemia COVID-19, han resaltado la necesidad de reconsiderar esta cuestión y promover una gobernanza democrática del agua con arreglo a normas jurídicas que regulen las prioridades éticas que deben acompañar y guiar el uso de este bien en torno a la participación, protección jurídica, rendición de cuentas, no discriminación e igualdad, etc.
Actualmente sufrimos una crisis mundial del agua por la cual 2.200 millones de personas no poseen garantías de acceso a agua potable y 4.200 millones viven sin servicios básicos de saneamiento. Esto se traduce en 2 millones de muertes al año y una creciente oleada de conflictos socioambientales en torno a la gestión del agua y los sistemas acuáticos. Se entiende que las causas preponderantes de esta crisis son consecuencia de defectos estructurales del modelo vigente de desarrollo, que engloba la insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, así como la pobreza, desigualdad y discriminación. Añadimos otro factor: la mercantilización y financiación del agua, considerando esta como un mero recurso económico pudiendo ser gestionada como producto comercial (con las correspondientes estrategias especulativas que agravan aún más las vulneraciones de estos derechos). La escasez de agua viene ligada a un erróneo orden de prioridades en relación con la cantidad como con su uso, siendo más importantes los intereses económicos de las empresas que el establecimiento de unos mínimos para el disfrute de una vida digna a nivel general. Las controversias entre regiones y países favorecen conflictos que pueden dar lugar a guerras, por lo que ofrece razones de sustancial peso para el acuerdo, negociación y colaboración en esta materia siempre que se adopte un enfoque basado en las necesidades de los ecosistemas y en los derechos humanos.
Los devastadores impactos socioeconómicos y ambientales exigen estrategias de adaptación urgentes para incrementar la resiliencia social y de los ecosistemas acuáticos ante episodios climáticos extremos. Precisa la instauración de medidas preventivas, aplicando rigurosamente el principio de precaución en la planificación hidrológica, territorial y urbana. También requiere medidas de concienciación, educación y promoción de la participación de la población en estos planes a fin de ofrecer resultados reales y duraderos.
Entre los objetivos específicos a corto plazo para tratar esta cuestión encontramos el desarrollo de varios informes temáticos y variados; el establecimiento de puentes de diálogo permanente con aquellos que padecen directamente esta realidad así como con movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, autoridades, expertos, universidades y centros educativos, todo ello para tratar de cumplir adecuadamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030 y su lema de “no dejar a nadie atrás”.
Enlace al informe completo:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/170/82/PDF/G2117082.pdf?OpenElement
Andrea Ibarguren.
