Por DAYANA GEORGIEVA PETKOVA
En el presente artículo, haremos apreciación al informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, en el que analiza las cuestiones más preocupantes desde la perspectiva de derechos humanos (ya que se debe actuar en su marco para garantizar que las medidas que se vayan a adoptar para hacer frente a la pandemia, no pongan en peligro el derecho a la educación) y formula una serie de recomendaciones para desentrañar la dinámica que ha llevado al aumento de la discriminación.
Ha habido multitud de entidades que han publicado directrices y recomendaciones sobre con abordar la situación de los más de 1.5000 millones de alumnos que han visto afectados por el cierre de escuelas, y según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 2 de abril de 2020, 194 países ya habían cerrado sus escuelas a nivel nacional, mientras que en otros solo cerraban a nivel local. Estas consecuencias obtenidas por la crisis del COVID-19 en la educación, dependerán de las medidas que se adopten ahora, pero en su mayoría han de considerarse de carácter temporal.
Hogaño, las desigualdades en la educación siguen siendo notables, ya que es inalcanzable para muchos y antes de la pandemia 258 millones de niños sin escolarizar, y actualmente cerca de 773 millones de personas son analfabetas.
Lo que destaca en esta crisis, son los problemas que ya existían en relación con la aplicación al derecho a la educación. En algunos sistemas educativos actuales, se han maximizado la discriminación estructural de manera dramática, que ha afectado en mayor medida a los grupos más marginados y vulnerables.
Introduciéndonos en el marco jurídico y normativo, los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deber seguir garantizando el derecho a educación (art. 13), que a su vez está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos ( DUDH art. 26). Las medidas que asuman no deberán usarse de forma indebida y deben retirarse tan pronto como dejen de ser necesaria para proteger la salud pública.
La Relatora Especial (a favor del Comité), asocia que la pandemia y las medidas que se han adoptado para combatirla han tenido efectos desproporcionados en los grupos más marginados, y que los Estados han de movilizar recursos necesarios para combatir el COVID-19 de forma equitativa. Será fundamental recurrir al marco general núm. 113 (1999), relativa al derecho a la educación, para evaluar lo retos existentes, regulando así que la educación debe presentar las siguientes características:
- A) “Disponibilidad (…), con instalaciones sanitarias para ambos sexos y agua potable salubre, así como maestros capacitados, material didáctico, servicios informáticos y tecnología de la información”
- B) “Accesibilidad (…)” es decir, que tengan acceso físico y económico todos.
- C) “Aceptabilidad (…), incluyendo programas de estudio y métodos pedagógicos”
- D) “Adaptabilidad (…) flexibilidad para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales”
Será necesario efectuar una evaluación general sobre la sostenibilidad de los modelos económicos y financieros tras los sistemas educativos, incluyendo las consecuencias de una financiación deficiente de las instituciones educativas públicas, y asimismo, de los efectos nocivos que el uso de las pantallas tiene para la juventud. La Relatora Especial, en concreto se preocupa del aumento del acceso a la educación, y el aumento de discriminación por la falta de acceso a internet. Para muchos ha supuesto una pérdida de oportunidades que ha afectado a su futuro, ya que ha hecho que muchos niños y jóvenes abandonen permanentemente la educación, como por ejemplo por incapacidad de pagar las cuotas académicas.
La Relatora Especial observa también información de cómo algunos Gobiernos han restado prioridad a la educación de los refugiados, y ejemplos de discriminación contra algunos de los hijos de profesionales sanitarios, a cuales no se les ha permitido volver a clase por temor a posible contagio. A su vez, algunos Gobiernos no se han ocupado de la situación de los niños con discapacidad intelectual, siendo estos los que corren un mayor riesgo de exclusión ya que pocos padres están capacitados para su enseñanza.
Finalizando, hablar de los docentes, que según la UNESCO 63 millones de maestros se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. Como trabajadores, han de disfrutar de todos los derechos que consagra la DUDH y el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, en particular, unas condiciones de trabajo equitativas, seguras, con remuneración justa y con derecho a descanso.
Debemos reconocer el valor de los docentes y de todos los trabajadores de la educación. Las escuelas y la comunidad educativa han trabajado de forma esencial durante la crisis, siendo crucial que reflexionemos sobre esta experiencia.
