El Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales analiza en su informe A/HRC/63/72 el racismo sistemático en las políticas de drogas. Se plantea que las políticas de control de drogas, sobre todo las de tipo punitivo y policial, no afectan por igual a todas las personas. De hecho, perpetúan las desigualdades raciales históricas. Este informe analiza las causas históricas del fenómeno y cómo se van materializando en las distintas etapas del sistema de justicia penal.
La existencia de racismo en las políticas de drogas es un hecho que no es reciente. Está ligado a los sistemas de discriminación racial que llevan existiendo desde el pasado (colonialismo, esclavitud…). En distintos países las políticas de drogas se han usado como sistema de control de las comunidades colonizadas (sobre todo las de origen africano). Así mismo se habla de «racialización de las drogas». Algunas drogas están históricamente asociadas a determinados grupos raciales. Por ejemplo, el opio con las comunidades chinas; el cannabis con las comunidades negras y mestizas de América y Caribe; la coca con los pueblos indígenas. Esto ha contribuido a crear estereotipos de criminalidad asociados a determinados grupos. Por ello, estos grupos se han visto más perseguidos, por el simple hecho de pertenecer, por parte de ciertas autoridades.
También se habla del impacto de los sistemas de control de drogas internacionales (Convención Única de 1961, Convención de 1988). Aunque su objetivo era proteger la salud pública, se ha caracterizado por su enfoque punitivo. Respecto a la guerra contra las drogas, se ha tornado en un tema de seguridad. Esto ha llevado a la militarización de las operaciones policiales. También ha habido un uso desmedido de la fuerza y detenciones sin causa. Todo ello afecta de manera especial a las comunidades racializadas. Sin embargo, este modelo tampoco ha conseguido reducir de manera sostenible los mercados de drogas, lo que ha llevado a que se produzcan graves violaciones contra los derechos humanos a causa de esto.
En este informe se analiza cómo se manifiestan las situaciones de discriminación en las distintas etapas del proceso judicial. En primer lugar destacaría que las leyes de drogas suelen ser muy extensas. Esto da mucho margen de actuación a los agentes policiales, por lo que es posible que se tomen decisiones (como identificación, registro o detención) que estén influenciadas por estereotipos (de raza, aspecto físico o residencia). Por ejemplo en Brasil, Francia, Argentina, Reino Unido o Tailandia se observa que las personas negras y los migrantes africanos son más frecuentemente controlados por razones de drogas. En algunos casos se condena incluso por pequeñas cantidades. Sin embargo, los principales responsables de las redes de tráfico no tienen las mismas consecuencias.
Esto tiene graves consecuencias en los derechos a la vida e integridad física. Las operaciones de drogas han estado relacionadas con ejecuciones extrajudiciales y redadas violentas. También se ha utilizado de manera desproporcionada el uso de armas. Verbigracia, en Brasil, ocurre que en barrios de población afrodescendiente se han producido numerosas muertes tras estas intervenciones. También se ha utilizado el argumento de que las drogas son un problema de seguridad nacional para justificar el uso de fuerzas militares y situaciones de emergencia desmedidas. Esto ha llevado a la restricción de derechos procesales. Hay que recordar que cualquier actuación policial debe cumplir con principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y además debe cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
También se dan situaciones de discriminación en las distintas etapas posteriores (detención, investigación, juicio y condena). Las personas afrodescendientes corren más riesgos de detenciones arbitrarias y prisión (también preventiva) por comportamientos leves. Tienen más dificultades de obtener una adecuada defensa jurídica y garantías efectivas. Por otro lado, en determinados sistemas de justicia se aplican mayores penas por delitos de drogas. Esto afecta de manera especial a las comunidades racializadas. Las penas mínimas obligatorias son especialmente problemáticas porque impiden a los jueces tener en cuenta circunstancias como la pobreza o coacción. También se denuncia la aplicación de la pena de muerte por delitos de drogas (que no pueden ser considerados delitos tan gravosos según normativa internacional).
Asimismo, se analizan las consecuencias de la criminalización tras la condena. Los antecedentes penales pueden afectar a la posibilidad de encontrar trabajo, el acceso a vivienda o a los servicios de salud. Esto complica la reinserción social del reo y hace que muchas personas queden atrapadas en situaciones de pobreza y exclusión. Esto es todavía más grave cuando se combina con otras situaciones de vulnerabilidad. Destacaría, en este caso, a las mujeres afrodescendientes. A menudo están implicadas en actividades poco relevantes de la economía de las drogas (por necesidad o coacción). Sin embargo, son objeto de penas severas sin tener en cuenta sus circunstancias. Incluso, se analiza la exposición de niños y jóvenes afrodescendientes a situaciones de violencia y criminalización. Asimismo los migrantes africanos tienen más dificultades de acceso a la justicia, puesto que corren más riesgos de detención y/o expulsión.
Se analizan los factores que contribuyen a mantener estas situaciones de desigualdad. Por ejemplo, la ausencia de datos por raza o etnia. Igualmente, se utilizan tecnologías que pueden estar sesgadas. No hay suficiente seguimiento independiente, no hay participación de las comunidades afectadas en la elaboración de políticas. Se plantea un modelo de derechos humanos y salud pública. Se sugieren medidas como la despenalización del consumo y tenencia de drogas para uso propio, alternativas a la prisión, como la ampliación de servicios de reducción de daños, la prohibición de discriminación por raza.
También se plantea la necesidad de revisar las leyes nacionales; eliminar penas desproporcionadas, abolir la de la pena de muerte en delitos de drogas, necesidad de participación de las comunidades en las decisiones que les afectan.
En definitiva, el informe (A/HRC/63/72) muestra que el racismo en las políticas de drogas es un problema estructural. No se trata de ajustar algunos aspectos de la actuación policial. Tiene su origen en un modelo histórico que se ha caracterizado por utilizar la criminalización como sistema de control de ciertas poblaciones. Este modelo genera desigualdades en el sistema de justicia.
Desde el punto de vista de derechos humanos es necesario que las políticas de drogas dejen de centrarse en el castigo y pasen a centrarse en la salud y la igualdad. Para ello es necesario adoptar medidas concretas que permitan corregir estas situaciones de desigualdad y asimismo, es necesario que nadie sea perseguido o privado de derechos por su raza o origen étnico.
Enlace al informe completo: Aquí.
Nuria Rotoroaia Rotoroaia.



