Por Nuria Rotoroaia Rotoroaia
El informe A/HRC/63/73, presentado por el Comité Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la Elaboración de Normas Complementarias a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, recoge el desarrollo de las partes primera y segunda de su 16.º período de sesiones. Estas sesiones se celebraron entre abril y junio de 2026. El documento muestra los avances en la creación de un proyecto de protocolo adicional a la Convención. El objetivo principal es mejorar la protección internacional frente al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Esta iniciativa es muy importante. Aunque ya existen instrumentos, todavía hay situaciones de discriminación y exclusión en muchos ámbitos. Entre los problemas destacados están el aumento del discurso de odio, el perfilado racial, la islamofobia y el uso de tecnologías para reforzar prejuicios y comportamientos discriminatorios.
Durante las sesiones, las delegaciones estuvieron de acuerdo en que hay que seguir combatiendo el racismo. Sin embargo, no todos pensaban igual sobre si se debe hacer un nuevo protocolo ni sobre qué tan amplio debe ser. Algunos países dijeron que el marco legal actual tiene vacíos y que hay que crear reglas nuevas para responder a formas recientes de discriminación. Dijeron que hace falta poner atención a la xenofobia, la intolerancia religiosa, la discriminación contra migrantes y refugiados, y al contenido racista en Internet. También mencionaron que la inteligencia artificial puede reforzar prejuicios y desigualdades, por lo que hay que poner límites para que estas herramientas no fomenten la discriminación. Otros, como la Unión Europea y Japón, fueron más cautos y pensaron que primero hay que aplicar bien las normas que ya existen. Estas diferencias muestran lo difícil que es llegar a un acuerdo sobre cómo mejorar la protección sin repetir reglas ni afectar derechos fundamentales.
Uno de los puntos principales del informe es el proyecto de elementos propuesto por la Presidencia para crear un protocolo adicional. Este texto propone combinar medidas penales y de seguridad para enfrentar el racismo y la xenofobia. En el ámbito penal, se propone definir el discurso de odio y los delitos de odio, regular la responsabilidad individual y la cooperación entre Estados. También se plantea la posibilidad de mecanismos de extradición y asistencia judicial. Sin embargo, uno de los debates más importantes fue determinar qué conductas son lo suficientemente graves como para merecer una respuesta penal. En este punto, se insistió en que la lucha contra el discurso de odio debe respetar la libertad de expresión. Es importante evitar definiciones muy amplias que puedan limitar este derecho. Por lo tanto, el futuro protocolo debe equilibrar la necesidad de sancionar conductas graves con la obligación de proteger las libertades fundamentales.
El documento también da especial importancia a la situación de las víctimas. Reconoce que la lucha contra la discriminación no debe limitarse a castigar a quienes cometen estos actos. También debe garantizar protección real. El proyecto contempla el derecho de las víctimas a acceder a la justicia, recibir información y obtener una reparación adecuada. Esta reparación podría incluir restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Además, se propone proteger la seguridad, la dignidad y el bienestar de las víctimas y testigos durante los procesos. El informe también resalta la importancia de garantías procesales comunes, sobre todo en lo que respecta al derecho a un juicio imparcial. Todo esto es clave para evitar que la persecución de delitos de odio vulnere derechos de las personas investigadas y para asegurar que las víctimas puedan participar en los procedimientos en condiciones adecuadas.
Junto con las medidas penales, el proyecto incluye acciones preventivas para tratar las causas profundas del racismo y la xenofobia. Entre ellas están la educación, la sensibilización, el diálogo, la comprensión mutua y la reconciliación social. Estas medidas son importantes para combatir conductas discriminatorias que, aunque no sean delitos, provocan exclusión y violaciones de derechos. También se propone una definición concreta de xenofobia y obligaciones para que los Estados adopten mecanismos de supervisión y protección para las víctimas. El texto también trata el perfilado racial, propone su prohibición y la creación de mecanismos de control independientes. Además, plantea formación para autoridades y agentes privados. Por último, presta especial atención a la inteligencia artificial. Propone que su diseño y uso respeten los derechos humanos y no fomenten la discriminación racial o étnica.
En resumen, el informe A/HRC/63/73 muestra un avance importante en los trabajos para mejorar la protección internacional contra el racismo y la discriminación racial. Sin embargo, también muestra que todavía hay diferencias entre los Estados sobre el contenido y el alcance del futuro protocolo. Desde una perspectiva de derechos humanos, es muy relevante que la propuesta no se enfoque solo en castigar conductas graves, sino que también incluya medidas preventivas, garantías procesales y formas de reparación. La lucha contra el racismo necesita una respuesta completa que combine la responsabilidad de los autores con la protección de la dignidad y la igualdad de todas las personas. El informe deja claro que el proyecto aún estaba en fase de revisión y negociación. No era un protocolo aprobado, sino una base de trabajo. La Presidencia afirmó que revisará el texto con las observaciones recibidas y que presentaría una nueva versión después de la tercera parte del período de sesiones. El mayor reto será lograr un instrumento que responda de manera eficaz a las nuevas formas de discriminación sin debilitar las libertades y garantías que forman parte esencial del sistema internacional de derechos humanos.
Enlace al informe completo: Aquí.
Nuria Rotoroaia Rotoroaia.
