Por Laia Sancho Oses
Cuando se habla del derecho a la educación, muchas veces se piensa únicamente en la posibilidad de acceder a un colegio, instituto o universidad. Sin embargo, el informe A/HRC/62/39 de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Farida Shaheed, plantea una idea más amplia: no basta con garantizar una plaza escolar, porque también importa qué se enseña, cómo se enseña y de qué manera se evalúa lo aprendido. El plan de estudios, la pedagogía y la evaluación forman, por tanto, parte del propio contenido del derecho a la educación.
Esta afirmación tiene una base jurídica clara. El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad y de la dignidad humana, al respeto de los derechos humanos, a la participación en una sociedad libre y a la convivencia basada en la tolerancia. Los Estados pueden decidir sus programas educativos, pero esa competencia debe respetar estos fines reconocidos internacionalmente.
Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención del informe es que presenta el plan de estudios, la pedagogía y la evaluación como tres elementos que no pueden funcionar de manera separada. El plan de estudios decide qué conocimientos, competencias y valores se consideran importantes; la pedagogía determina cómo llegan al alumnado; y la evaluación termina indicando qué es lo que realmente se premia. Si un programa educativo habla de creatividad, pensamiento crítico o participación, pero todo depende después de exámenes memorísticos y estandarizados, existe una contradicción entre lo que se pretende enseñar y lo que finalmente se valora.
La Relatora dedica especial atención a la evaluación. El informe advierte de que la presión por las calificaciones, los exámenes decisivos y la enseñanza orientada únicamente a obtener resultados pueden generar estrés, desmotivación y desigualdad. Además, estos sistemas afectan especialmente a estudiantes con discapacidad, neurodivergencia, barreras lingüísticas, situaciones de pobreza o trayectorias educativas interrumpidas. Desde una perspectiva de derechos humanos, la evaluación no debería funcionar principalmente como un mecanismo de selección o exclusión, sino como una herramienta que permita conocer el progreso del alumno y mejorar su aprendizaje.
Por ello se proponen alternativas como la evaluación continua y formativa, los proyectos, los portafolios, las tareas de desempeño, la autoevaluación o la evaluación entre iguales. No se trata de eliminar cualquier examen, sino de evitar que una única prueba pueda condicionar todo el recorrido académico. El informe insiste también en realizar ajustes razonables y en reconocer diferentes ritmos y formas de aprendizaje.
Otro punto importante es la participación del alumnado. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce su derecho a ser escuchado en los asuntos que le afectan. Esto tiene consecuencias directas en la educación: los estudiantes no deberían ser considerados simples receptores de decisiones tomadas por adultos, sino personas capaces de participar en cuestiones relacionadas con el aprendizaje, la convivencia y los procesos educativos. Lo mismo ocurre con los docentes, cuya autonomía profesional resulta esencial para adaptar los contenidos y los métodos a las necesidades reales del auls
El informe analiza también la transformación tecnológica y la expansión de la inteligencia artificial. Reconoce que estas herramientas pueden modificar profundamente la educación, pero alerta del riesgo de reducir el aprendizaje a aquello que puede medirse o automatizarse fácilmente. Precisamente por eso adquieren todavía más importancia capacidades como la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico, la comunicación, la resolución de problemas y la resiliencia.
A mi juicio, la principal aportación del informe es recordar que una educación de calidad no puede medirse únicamente por el número de alumnos escolarizados o por sus calificaciones. El derecho a la educación exige un sistema que respete la dignidad, sea inclusivo, permita participar, se adapte a las diferencias y prepare a las personas para desenvolverse de forma autónoma en una sociedad cambiante. Por eso, decidir qué enseñamos, cómo lo hacemos y cómo evaluamos no es una cuestión puramente técnica o pedagógica sino también es una cuestión jurídica y de derechos humanos.
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Laia Sancho Oses
