Por Juan García Salamanca
El informe A/HRC/62/29 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resume la mesa redonda entre períodos de sesiones sobre los derechos humanos de los migrantes, celebrada el 16 de febrero de 2026 en cumplimiento de la resolución 57/14 del Consejo de Derechos Humanos. Conviene precisar desde el inicio que la mesa redonda no se propuso debatir la migración como fenómeno en términos generales, sino cumplir un mandato ya acotado por esa resolución: examinar medidas para prevenir y combatir las narrativas deshumanizadoras sobre los migrantes y reforzar los mecanismos de vigilancia frente a violaciones de derechos humanos en las fronteras.
La idea principal que maneja el informe es que la debilidad de los mecanismos de vigilancia de los derechos humanos de los migrantes y la existencia de narrativas que retratan a la migración como algo negativo no son problemas separados, sino dos caras de un mismo fenómeno. Según los ponentes de la mesa redonda, los discursos deshumanizadores, en este caso hacia los migrantes, allanan el camino para políticas y prácticas —expulsiones colectivas, devoluciones sumarias, internamientos arbitrarios— que después prosperan precisamente porque no existe una supervisión independiente capaz de documentarlas y frenarlas.
Varios oradores, entre ellos la Embajadora de México, Francisca Méndez Escobar, el Representante de Colombia Gustavo Gallón y el delegado de la Unión Europea Luca Lixi, coinciden en que la vigilancia no debe entenderse como un obstáculo para la gobernanza migratoria, sino como una garantía de su legitimidad. Esta idea, repetida con variaciones mínimas por representantes de origen institucional muy distinto, funciona como el eje discursivo que sostiene todo el informe.
En la primera parte de la mesa redonda, dedicada a lo que consideran narrativas nocivas, Pablo Ceriani Cernadas —exmiembro del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios— situó la xenofobia como un fenómeno que va más allá del discurso de odio explícito, e incluye formas sutiles de desigualdad de trato que se traducen en legislación y políticas restrictivas como pueden ser la privación de libertad, las devoluciones sumarias, o la separación de familias. Subrayó que combatir la xenofobia exige políticas públicas holísticas y no solo campañas de comunicación, y que los Estados tienen tanto obligaciones positivas —difundir narrativas basadas en datos empíricos— como negativas —abstenerse de difundir información estigmatizante.
Varios panelistas aportaron perspectivas complementarias sobre cómo transformar el relato público: Pinar Aksu destacó el valor de los diálogos comunitarios y del arte como espacios de encuentro; Andrea Marshall, de la DW Academia, señaló que los propios medios de comunicación pueden amplificar involuntariamente narrativas nocivas al informar sobre ellas, y recomendó un periodismo participativo que incorpore las voces de los migrantes; y Andrew Geddes, del Migration Policy Centre, aportó un matiz relevante: las actitudes públicas hacia la migración son, en general, más estables y matizadas de lo que sugiere el discurso político, y responden mejor a políticas percibidas como ordenadas y previsibles que a enfoques punitivos.
Amir Malik, de Álvarez & Marsal, introdujo el análisis más estructural del informe al señalar que la economía de plataformas y la inteligencia artificial generativa alimentan una crisis de la información en la que el contenido sensacionalista o violento contra los migrantes genera más interacción e ingresos, lo que crea incentivos económicos directos para su propagación. Recomendó mayor transparencia en las cadenas de suministro publicitario y una gobernanza digital más sólida.
En el debate plenario de esta primera parte, delegaciones como Guatemala, España, Egipto o Chile compartieron prácticas nacionales orientadas a la no discriminación, la regularización y el acceso igualitario a servicios básicos, mientras que representantes de la sociedad civil advirtieron sobre la islamofobia y otras formas de discriminación interseccional, y pidieron la aplicación de la recomendación general núm. 39 (2025) del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
La segunda parte de la mesa redonda, centrada en la vigilancia, aportó el testimonio más contundente del informe: una migrante relató haber sido detenida bajo falsos pretextos y recluida durante siete meses en un centro de internamiento en Luisiana, donde sufrió negligencia médica y malos tratos, para ser finalmente expulsada a México pese a contar con procesos legales pendientes como víctima de trata y con protección frente a la expulsión en virtud de la Convención contra la Tortura, sin que se tomara en cuenta su condición de mujer transgénero.
Laurel Townhead, de la Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas, y el Relator Especial Gehad Madi coincidieron en reclamar un mecanismo internacional de vigilancia independiente, dotado de mandato del Consejo de Derechos Humanos, capacidad de investigación por rutas migratorias y facultad para recibir denuncias directamente de los migrantes. Citaron datos sobre decenas de miles de muertes en contextos de tránsito cuya magnitud real se desconoce por falta de seguimiento eficaz. Frente a esta propuesta, la Unión Europea, a través de Luca Lixi, presentó su propio marco de mecanismos nacionales de vigilancia independientes previstos en el Pacto sobre Migración y Asilo de 2024, mientras que Darren Dick, de la Comisión de Derechos Humanos de Australia, expuso la experiencia de décadas de inspecciones independientes a centros de internamiento, con avances concretospero también con limitaciones persistentes de recursos y de exigibilidad judicial de las recomendaciones.
A modo de conclusión podemos decir que el informe A/HRC/62/29 confirma un patrón que ya aparece en otros documentos del Consejo de Derechos Humanos: el marco normativo internacional sobre migración está relativamente consolidado, pero su aplicación efectiva depende de mecanismos de vigilancia que hoy son fragmentarios, desiguales entre regiones y, en muchos casos, insuficientes frente al carácter transnacional del fenómeno migratorio. La propuesta de un mecanismo internacional de vigilancia independiente, respaldada por la sociedad civil y por el Relator Especial pero no adoptada durante la mesa redonda, queda como la principal recomendación pendiente de decisión política por parte del Consejo.
La aportación principal del informe es haber vinculado explícitamente dos fenómenos que suelen tratarse por separado: las narrativas deshumanizadoras y la ausencia de vigilancia. El documento sugiere que el discurso hostil hacia el migrante normaliza prácticas que después prosperan por falta de supervisión, y la falta de supervisión impide generar los datos empíricos necesarios para desmontar ese mismo discurso.
Enlace al informe completo: Aquí
Juan García Salamanca
