Por Marcos Marugán Navas
El análisis y debate internacional resultantes de la mesa redonda anual del Consejo de Derechos Humanos de 2024 versan sobre las medidas estatales adoptadas para implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). El documento examina leyes, políticas, decisiones judiciales y cualquier otra medida estatal orientada a la realización práctica de los propios derechos indígenas, evaluando avances y retos. Para la consecución de los objetivos se establece un enfoque apoyado en el marco normativo internacional de los derechos humanos, el cual, subraya el deber de los Estados de concertar acciones efectivas y no meramente simbólicas en colaboración plena con los pueblos indígenas.
Una de las principales preocupaciones es la persistencia de violaciones al consentimiento libre, previo e informado, sobre todo en proyectos extractivos y de desarrollo; como consecuentemente, su escaso reconocimiento a nivel estatal de sus territorios ancestrales, autonomías indígenas y derechos colectivos que les son inherentes. Esto impacta negativamente no solo en el derecho a la tierra y el ambiente en el que se despliegan sus necesidades más básicas, sino también en los derechos culturales, económicos, sociales y de autodeterminación que tanto les caracterizan y les asignan su tan singular identidad. Tal discriminación estructural junto con la absoluta falta de recursos, perpetúan la impunidad y vulnerabilidad de estos pueblos indígenas.
Pese a los desafíos anteriormente mencionados, aún por lograr, el informe desataca ciertos ejemplos de avances normativos relevantes (Ciudad de México, Ecuador, Canadá, RDC…); con ellos, se busca abandonar la visión folklórica de “usos y costumbres” en favor del reconocimiento de sistemas jurídicos propios y la representación indígena efectiva en los procesos legislativos y jurisdiccionales.
De tal manera, el debate subraya la urgencia de proteger los conocimientos ancestrales y el papel crucial de los pueblos frente al actual cambio climático y las presentes crisis ecológicas; resaltando a su vez el valor de sus lenguas, prácticas culturales y modelos de gobernanza en la sostenibilidad global. La solución aboga por enfoques interseccionales e inclusivos, destacando las voces de las mujeres y la integración de sus derechos dentro de políticas sectoriales como son la educación, la salud o el territorio.
En conclusión, la crítica evidencia que la efectividad de la DNUDPI requiere compromisos políticos renovados, reformas legales estratégicas, financiación suficiente, que permita, mediante mecanismos de rendición de cuentas minimizar el formalismo y situar a los pueblos indígenas como verdaderos sujetos protagonistas de derechos.
Enlace al informe completo: Aquí
Marcos Marugán Navas
