Por Isabella C. Rosa

Crisis de la vivienda y los migrantes

El Relator Especial sobre una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, ha presentado un informe ante el Consejo de Derechos Humanos. Se analizan los desafíos que enfrentan los migrantes en el acceso a una vivienda digna y cuestiona los discursos que los responsabilizan de la crisis habitacional mundial.
La crisis de la vivienda ha empeorado a nivel mundial en los últimos años debido a conflictos armados, el costo de vida y la especulación inmobiliaria, incrementando la desigualdad y la falta de hogar. En este contexto, los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, suelen ser estigmatizados como responsables de la crisis, cuando en realidad son sus principales víctimas. Los migrantes enfrentan barreras en el acceso a la vivienda debido a políticas discriminatorias, racismo y xenofobia.
El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, consagrado en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, los migrantes suelen vivir en condiciones más precarias que los nacionales, enfrentando problemas como la falta de acceso a viviendas sociales, la discriminación en el mercado inmobiliario y la falta de protección legal contra desalojos forzosos.
Dependiendo del contexto, la situación puede ser aún más grave: en los campamentos de refugiados, las condiciones suelen ser deplorables, con falta de acceso a agua potable, saneamiento y atención médica; en las ciudades, los migrantes se ven forzados a vivir en viviendas informales, barrios marginales y asentamientos precarios. También destaca el caso de los trabajadores migrantes que dependen de sus empleadores para el alojamiento, situación que puede derivar en explotación laboral.
Otra de las preocupaciones del informe es la dificultad de los migrantes para pasar de un alojamiento temporal a una vivienda permanente. En muchos países, las políticas de vivienda social excluyen a los migrantes, forzándolos a permanecer en refugios de emergencia o a depender del mercado privado, donde enfrentan discriminación y precios elevados. Se alerta sobre el impacto negativo de ciertas políticas gubernamentales que penalizan a propietarios por alquilar a migrantes en situación irregular, restringiendo aún más sus opciones de alojamiento.
En cuanto a las soluciones, el informe destaca iniciativas que han demostrado ser efectivas para mejorar el acceso de los migrantes a la vivienda. Entre ellas, menciona la regularización de la situación migratoria para facilitar el acceso a derechos básicos, la implementación de programas de subsidios de alquiler y la creación de viviendas sociales inclusivas. También se recomienda evitar la criminalización de la falta de hogar y adoptar enfoques de integración urbana que promuevan la convivencia entre migrantes y comunidades locales.
El Relator Especial hace un llamado a los Estados para que adopten políticas de vivienda inclusivas basadas en la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos.
En conclusión, el informe enfatiza que la crisis de vivienda es una problemática compleja que requiere respuestas globales e inclusivas. Lejos de ser responsables de esta crisis, los migrantes son un grupo vulnerable que necesita mayor protección y acceso equitativo a soluciones habitacionales.

Isabella C. Rosa

Enlace al informe completo: Aquí