Por Isabella Canales Carballo
En este informe, principalmente se abordan amplios temas sobre los derechos humanos de las personas mayores, destacando la discriminación por razón de edad, la violencia estructural, la necesidad de marcos legales más fuertes en cuanto a nivel internacional y nacional y, por último, las lagunas de datos.
En junio de 2024 se crea una reunión en cumplimiento de la resolución 54/2013 del Consejo de Derechos Humanos, por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En esta resolución se analizan principalmente los temas mencionados anteriormente, pero también vemos cómo se examinan las obligaciones de los estados en cuanto a la violencia, el maltrato y el abandono que sufren las personas mayores, siendo conocido como edadismo.
Principalmente, el edadismo se tiene en cuenta como una causa estructural, clave de discriminación y exclusión, afectando de esta manera los derechos humanos, ya que se encuentra presente tanto a nivel social como institucional, limitando el acceso a las personas mayores a recursos esenciales y creando de esta manera estereotipos, qué afectan a su autonomía. Aparte de las personas mayores, también se encuentran afectados otros grupos sociales vulnerables como pueden ser las mujeres o las personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+.
Los expertos reunidos, señalan que la violencia estructural se manifiesta en contextos domésticos y durante crisis humanitarias o climáticas, ya que estos abusos no se denuncian debido al miedo o al aislamiento, y que, en casos de emergencia, las personas mayores suelen ser vistas como una carga, lo que agrava de manera importante su vulnerabilidad.
Debido a esto, se destaca la importancia de adoptar un marco jurídico internacional centrado en los derechos de las personas mayores, ya que la mayoría de los países no cuentan con protecciones para este grupo, pudiéndose crear así, un tratado que establezca estándares claros y asegure una supervisión efectiva, estableciendo, por parte de los estados, una recopilación de datos para fundamentar las interacciones específicas para este grupo vulnerable, evitando que haya lagunas de datos por la falta de información, afectando la visibilidad de sus necesidades.
El enfoque que se quiere dar requiere una serie de inversiones públicas, y una colaboración internacional por parte de todos los estados para poder integrar los derechos humanos en todas las políticas económicas y sociales, de manera que se incluya a las personas mayores en todos los procesos de la toma de decisiones, fomentando su inclusión digital y garantizando servicios accesibles dignos.
Por Isabella Canales Carballo
