El Informe A/HRC/60/41, presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, examina la situación de los pueblos indígenas entre junio de 2024 y mayo de 2025. Elaborado conforme a la resolución 57/15, el documento analiza los principales avances, retos y recomendaciones en torno a la promoción y protección de sus derechos. A pesar de los progresos normativos logrados desde la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), el informe advierte que las violaciones persisten e incluso se intensifican en varios contextos. Los pueblos indígenas continúan enfrentando despojos territoriales, discriminación estructural, violencia y exclusión en la toma de decisiones que afectan sus vidas y territorios. Uno de los ejes centrales es la cuestión territorial. Muchas comunidades siguen sin reconocimiento legal de sus tierras y recursos naturales, lo que genera conflictos y vulnerabilidad ante proyectos extractivos, agrícolas o de infraestructura. El Alto Comisionado enfatiza que el respeto al consentimiento previo, libre e informado (FPIC) es esencial, aunque en la práctica sigue siendo un derecho poco implementado: las consultas suelen ser formales, sin incidencia real de las comunidades. El informe denuncia además un preocupante aumento de la violencia y criminalización de líderes y defensores indígenas, especialmente aquellos que se oponen a proyectos que amenazan su entorno. En la mayoría de los casos, la impunidad y la falta de mecanismos de protección adecuados agravan la situación.
En el plano socioeconómico, los pueblos indígenas continúan registrando altos índices de pobreza, desigualdad y exclusión. El acceso limitado a la salud, educación, vivienda y participación política evidencia la persistencia de brechas estructurales, que afectan de manera particular a las mujeres y niñas indígenas, víctimas de discriminaciones múltiples. El informe también resalta los efectos del cambio climático y los desplazamientos forzados derivados de la degradación ambiental. Ante ello, el Alto Comisionado insta a incorporar los conocimientos tradicionales indígenas en las políticas de mitigación y adaptación climática, reconociendo su papel crucial en la protección de los ecosistemas. Finalmente, el documento subraya la importancia de salvaguardar los derechos culturales, lingüísticos y de autodeterminación, esenciales para preservar la identidad colectiva. Sin embargo, advierte que los marcos legales existentes aún carecen de una aplicación práctica efectiva.
El Alto Comisionado destaca las labores del OHCHR en asistencia técnica, monitoreo y cooperación internacional, aunque reconoce que los avances son desiguales entre regiones. Para revertir esta situación, formula varias recomendaciones clave: Reconocer plenamente los derechos colectivos sobre tierras, territorios y recursos naturales; garantizar la aplicación real del consentimiento previo, libre e informado; proteger de manera efectiva a las personas defensoras indígenas, con mecanismos de prevención y justicia; asegurar la participación significativa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones; integrar el enfoque indígena en políticas de desarrollo, medio ambiente y cambio climático, fortalecer la cooperación internacional y la financiación para programas culturales y ambientales.
El Informe ofrece una visión crítica pero esperanzadora. Si bien reconoce progresos, enfatiza que la distancia entre el reconocimiento jurídico y la realidad cotidiana de los pueblos indígenas sigue siendo amplia. La protección de sus derechos territoriales, culturales y políticos no solo constituye una obligación moral y legal, sino también una condición esencial para un desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo.
