Por Laura Espejo Suescun
El informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias tras su visita a Lituania pone de relieve los elementos sustantivos más relevantes en materia de derechos humanos y prevención de desapariciones. En primer lugar, destaca el sólido marco jurídico del país que ha incorporado en su legislación penal la desaparición forzada como delito autónomo conforme a los estándares internacionales. Lituania ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y ha reconocido la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas lo que refuerza su compromiso normativo. Sin embargo, el informe subraya una notable contradicción entre el marco jurídico y su aplicación práctica, especialmente por la falta de reconocimiento oficial de la implicación del Estado en el programa de entregas extraordinarias y detenciones secretas de la CIA que derivaron en desapariciones forzadas. A pesar de las condenas internacionales, no se ha producido un reconocimiento público de responsabilidad ni se ha otorgado estatus de víctima a las personas afectadas lo que vulnera los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Otro punto sustancial está relacionado con la política migratoria lituana, en particular la práctica de las “devoluciones en caliente”, que expone a los migrantes a un riesgo elevado de desaparición al privarlos de protección jurídica. Aunque el Estado justifica tales medidas en el contexto de presión migratoria desde Belarús, el informe recalca que estas prácticas contravienen las normas internacionales ya que eliminan garantías básicas de protección. En materia de reparación, el Grupo de Trabajo observa avances legislativos como la ampliación de la definición de víctima en el Código de Procedimiento Penal, pero advierte la ausencia de un sistema integral que garantice compensación, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición.
Asimismo, el informe enfatiza la necesidad de políticas de memoria y educación en derechos humanos especialmente mediante la preservación de lugares vinculados a violaciones pasadas, como el centro de detención secreta en Antaviliai. También se valora positivamente el uso de la jurisdicción universal para investigar violaciones cometidas en otros países, lo que contribuye al principio de no impunidad. Por ende, dicho documento procura instar a Lituania a fortalecer la cooperación internacional, garantizar la transparencia en los procesos de detención y reforzar la formación de funcionarios en derechos humanos.
Enlace al informe completo: Aquí
Laura Espejo Suescun
