Por Adrián Avilés Cabanilla
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre la pena de muerte deja bastante claro que este castigo es incompatible con los derechos humanos.
Pese a que en muchos países se ha avanzado hacia su abolición, todavía preocupa que en otros se siga aplicando. Gracias al informe se concibe que la pena de muerte atenta contra la dignidad humana y el derecho a la vida, porque puede acabar con la vida de personas inocentes, se aplica de forma discriminatoria contra minorías, mujeres o personas LGTBIQ+, y además no garantiza una justicia plena.
Algo que llama la atención es que más del 40% de las ejecuciones recientes se han dado por delitos de drogas, algo que contradice directamente el derecho internacional, ya que este solo permite la pena capital en casos de homicidios muy graves. Sin embargo, ejemplos como el de Zimbabwe y Malasia han dado pasos importantes reformando sus leyes y tribunales para limitar su uso, y Marruecos, aunque no la ha eliminado, mantiene una moratoria desde hace décadas y utiliza el indulto real para evitar ejecuciones.
Por otro lado, cabe aludir a que algunos Estados defienden que mantener la pena de muerte es una decisión soberana y que cuentan con garantías procesales, pero el informe recuerda que esas garantías muchas veces no se cumplen en la práctica ya que hay juicios injustos, falta de transparencia y pocas vías de recurso.
De esta forma el poder judicial juega un papel clave, puede reducir el uso de la pena capital, sustituirla por sanciones alternativas y reforzar el respeto a los derechos humanos. Pero no basta solo con los jueces ya que para lograr la abolición total se necesita voluntad política, educación ciudadana y cooperación internacional.
En el propio informe se sugiere una moratoria universal, es decir, suspender todas las ejecuciones mientras los países revisan sus sistemas penales. Junto con la eliminación de la pena de muerte obligatoria, la adopción de penas alternativas y campañas de sensibilización, se puede ver un camino claro hacia su desaparición definitiva, no lejos de los valores universales de los derechos humanos.
Adrián Avilés Cabanilla
