Por Sandra Navarro
La declaración conjunta entre la Oficina del Comisario de Protección de Datos Personales de Canadá y la Relatoría reconoce la importancia de la privacidad y la protección de datos para mantener la igualdad y los valores democráticos, así como para proteger otros derechos fundamentales. A pesar de los beneficios de la era digital, se enfatiza en que no se debe comprometer la dignidad ni los derechos humanos. En la 45ª reunión de la Asamblea Global de Privacidad en 2023, las autoridades discutieron cómo la tecnología y la digitalización están generando nuevos modelos de negocio que dependen del procesamiento de grandes cantidades de datos personales, lo que conlleva un aumento en el intercambio de datos y en la complejidad del procesamiento. Sin embargo, también expresaron preocupación por los desafíos que estos avances pueden plantear para la protección de datos y la privacidad, especialmente en términos de discriminación, sesgo y tratamiento intrusivo de datos sensibles, como los relacionados con niños y personas vulnerables.
El derecho de información permite a los titulares de datos obtener información sobre el tratamiento de sus datos personales. Este derecho está presente en todas las normativas analizadas, excepto en Singapur, donde se considera una obligación del responsable. La oportunidad, cantidad y medios de proporcionar esta información son relevantes para su eficacia. En algunos países como Australia, Ecuador, España y Sudáfrica se distingue si los datos son recopilados directamente del titular o de otra fuente, y en Australia y España se diferencia la información proporcionada según la fuente.
El derecho de acceso permite al titular obtener confirmación sobre el tratamiento de sus datos personales, acceder a ellos y obtener cierta información sobre su uso o divulgación. Este derecho está presente en todas las normativas analizadas. En algunos países como Australia, España y Sudáfrica, se contempla la posibilidad de cobrar un canon razonable por este servicio. Además, en Australia se establece que el acceso no puede afectar los derechos de terceros, mientras que en España se asegura que la obtención de copias no perjudique los derechos y libertades de otras personas.
España es el único país entre los analizados que menciona el derecho al olvido en el Reglamento (UE) 2016/679, y lo regula tanto para búsquedas en Internet como para servicios de redes sociales y servicios similares en la Ley Orgánica 3/2018. El derecho al olvido en búsquedas de Internet requiere que los motores de búsqueda eliminen enlaces de los resultados cuando la información sea inadecuada, inexacta, no pertinente, no actualizada o excesiva, o cuando el afectado invoque circunstancias personales que justifiquen la eliminación. Sin embargo, este derecho no implica la eliminación de la información en sí misma, ni impide el acceso a ella mediante otros criterios de búsqueda.
Entre los múltiples derechos que podemos destacar por último considero destacable el derecho al testamento digital. Este derecho presente únicamente en España entre los países analizados autoriza a los titulares de datos a determinar el destino de sus contenidos en servicios de la sociedad de la información después de su fallecimiento. Esto incluye la opción de mantener o eliminar perfiles personales en redes sociales u otros servicios similares, así como evitar que ciertas personas accedan a sus contenidos o soliciten su modificación o eliminación.
Por Sandra Navarro
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