Por Josladys Vanessa Álvarez Negrón
En el presente informe, presentado de conformidad con la resolución 46/11 del Consejo de Derechos Humanos, sobre las repercusiones negativas en el disfrute de los derechos humanos de la no repatriación al país de origen de los fondos adquiridos ilícitamente.
Durante la primera mesa redonda, Junior Davis (UNCTAD) expuso información sobre la magnitud de los flujos financieros ilícitos, que comprendían prácticas ilícitas de carácter comercial y fiscal y de fuga de capitales, como la facturación fraudulenta de envíos comerciales, y actividades ilegales tales como la corrupción o el robo.
Shervin Majlessi (UNODC) dio a conocer la experiencia de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (Iniciativa StAR) en la repatriación transnacional del producto de la corrupción durante los últimos diez años, y el mapeo de las iniciativas para la recuperación y la devolución trasnacionales de activos robados conforme a lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Mounir Chedly (Túnez) expuso la experiencia de Túnez en materia de cooperación internacional con otros Estados, incluida la restitución prevista de activos por parte de Suiza, y los mecanismos de recopilación de datos de Francia para detectar activos ilícitos.
Bhumika Muchhala (Red del Tercer Mundo) mencionó que las crisis surgidas a raíz de la pandemia de COVID-19 exigían el aumento de los recursos financieros públicos; ello suponía que la lucha contra los flujos financieros ilícitos se enfocase desde el prisma del derecho al desarrollo y de la gobernanza global. Los flujos financieros ilícitos limitaban la movilización de los recursos financieros públicos necesarios para el desarrollo sostenible y exacerbaban las desigualdades entre los países y dentro de estos.
La mayoría de los participantes aumentaron la necesidad de que los fondos adquiridos ilícitamente fueran repatriados a los países de origen, observando con preocupación el escaso porcentaje de fondos repatriados. Destacaron que los flujos de fondos ilícitos y la falta de repatriación de esos fondos habían privado a los países de origen de los recursos necesarios para hacer efectivos los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho al desarrollo, lo cual, a su vez, ponía en jaque la estabilidad y el desarrollo sostenible y menoscababa los valores democráticos y el estado de derecho.
En sus observaciones finales, la Sra. Muchhala destacó la importancia de la cooperación multilateral en materia tributaria, que debía reposar sobre la voluntad política de los países por colaborar más allá́ de las asimetrías de poder y recursos, como lo exigían los principios de derechos humanos.
La segunda mesa redonda fue inaugurada por la Experta Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, El estudio tenía por objeto fomentar una cooperación más estrecha entre los Estados requirentes y requeridos para la recuperación de activos, conforme a lo dispuesto en la resolución 46/11 del Consejo.
La Experta Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, puso de relieve los elementos fundamentales de la gobernanza que sustentaban la manera en que los Estados deberían utilizar los activos recuperados, a saber, la rendición de cuentas; la transparencia; la responsabilidad; el uso efectivo y eficiente de los recursos, y la imparcialidad y la justicia. Afirmó que la recuperación de activos debería ampararse en la legitimidad fiscal y que, mediante el gasto destinado al desarrollo, podrían garantizarse amplios beneficios para toda la sociedad y no solo para grupos específicos.
El presidente del Consejo de Derechos Humanos pronunció unas palabras de clausura.
Se concluyó resaltando que la no repatriación de los fondos de origen ilícito priva a los países de los recursos esenciales necesarios para el logro progresivo de la efectividad de los derechos humanos y la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Por Josladys Vanessa Álvarez Negrón
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