Por Andrea Monika Wrona Wrona
En este caso nos desviamos un poco de la temática que ha sido hasta ahora predominante en nuestra clínica, que sería el COVID-19, para analizar un informe en el que se habla de la situación de los derechos humanos de los musulmanes rohinyás y otras minorías en Myanmar.
El Informe fue presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de conformidad con la resolución 42/3 del Consejo de Derechos Humanos, en la que se le pidió que hiciera un seguimiento de la aplicación por parte del Gobierno de Myanmar de las recomendaciones formuladas por la Misión Internacional Independiente de Investigación, incluidas las relativas a la rendición de cuentas, y que siguiera vigilando los progresos realizados en la situación de los derechos humanos en Myanmar, incluidos los de los musulmanes rohinyás y otras minorías.
Myanmar, comúnmente conocido como Birmania, es un Estado soberano del Sudeste Asiático predominantemente budista, donde reside la población rohinyá una minoría étnica musulmana que han sido objeto desde 2017 de una limpieza étnica, por parte del Gobierno de Myanmar.
El Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento pidiendo el cese de los ataques armados contra la población Rohinya, pero el gobierno de Myanmar hizo caso omiso a estas recomendaciones, por lo que aunque, hayan intermediado las Naciones Unidas, el gobierno de Myanmar no ha adoptado medidas eficaces para su protección. Más bien al contrario, continuaron los ataques aéreos a zonas en las que viven civiles Rohinyás, por lo cual, la situación es lamentable, ya que son civiles los que mueren a causa de los bombarderos de los aviones.
En 2020 fueron numerosas las pérdidas de civiles, ya que han sido destruidas desde escuelas a lugares de culto, además de realizar detenciones infundadas por parte del Tatmadaw (el ejército de Myanmar). Este ejercito, además de lo mencionado anteriormente, se dedica a asaltar las aldeas y a torturar a las personas que viven ahí, propiciando palizas o quemándoles con agua hirviendo. El Tatmadaw tiene el control de todo el país, por lo que en varias ocasiones, han realizado controles a ambulancias que trasladaban a enfermos en estado crítico, a propósito, para que estos no llegaran a tiempo al hospital para poder ser intervenidos.
Muchas de las personas de minorías étnicas que viven en el país han tenido que huir de sus propias ciudades o aldeas y, ahora mismo viven en campos de refugiados en Banbladesh con unas condiciones pésimas de higiene y alimentación, además todo esto agravado por el tema del virus COVID-19.
En este caso, el gobierno de Myanmar, aparentemente, había adoptado las medidas propuestas por el Alto Comisionado, como prueba de ello condenó a varios soldados del Tatmadaw con pena de prisión, la pena es que estos no pasaron ahí ni un año, ya que fueron con posterioridad indultados. Myanmar ya tuvo que declarar ante la Corte Internacional de Justicia, ya que se determinó que en Myanmar se estaba llevando a cabo un genocidio de las minorías, sobre todo de los musulmanes Rohinyas. En este caso, aplicaron las medidas que se les impusieron pero tres años tarde y, se vio cómo no permitían a los Rohinyá volver a sus casas, ya que se apropiaban de sus tierras.
El ejército de Tatmadaw, además de torturar a las víctimas de las aldeas, se dedicaba a violar a las personas de estas. En esta situación, las víctimas no pueden denunciar nada, ya que existen unas barreras lingüísticas muy amplias y no se les facilita el acceso a la justicia. En el caso de los derechos de libertad y los derechos humanos, este gobierno sí que firmo varios acuerdos, pero realmente no realizan nada, para promover el cumplimiento y asegurar a todos sus ciudadanos una igualdad y una seguridad.
En cuanto a los derechos económicos, como bien sabemos todos tienen derecho al alimento, agua, una vivienda digna … en este caso, en Myanmar, se acepto este tratado, pero realmente no se ha tomado medidas para conseguir estos propósitos. Se aprobaron, ayudas para aquellos territorios que fueron afectados por el conflicto, que en realidad nunca se llevaron a cabo, por falta de una total transparencia por parte del gobierno.
En el marco de las Naciones Unidas se han firmado algunos unos acuerdos para hacer valer los derechos humanos fundamentales de cualquier persona residente en el país aunque la crisis sanitaria causada por el COVID-19 ha ralentizado algunos procedimientos.
Link al informe completo: https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?c=125&su=129
