Por Laura Espejo Suescun
Visita a Malasia Informe de la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, Claudia Mahler
El informe analiza la situación de los derechos humanos de las personas mayores en Malasia tras una visita oficial realizada a finales de 2024. El país se encuentra en pleno proceso de envejecimiento demográfico y se prevé que en las próximas décadas una parte muy significativa de la población supere los 65 años. Aunque el Gobierno reconoce que el envejecimiento es un reto prioritario, las medidas existentes siguen siendo insuficientes o demasiado dispersas entre distintos organismos sin una estrategia claramente coordinada.
Uno de los principales problemas detectados es la persistencia del edadismo y de actitudes sociales que consideran a las personas mayores como dependientes o poco productivas. Estas percepciones se trasladan al ámbito laboral, donde muchas empresas fijan límites de edad para contratar y las oportunidades de formación o progresión desaparecen a partir de cierta edad. Además, la legislación no recoge expresamente la prohibición de discriminar por motivos de edad, lo que deja un vacío de protección.
También existe preocupación por la seguridad económica. Buena parte de la generación que actualmente envejece trabajó sin una contribución formal a la protección social, lo que provoca que muchas personas no cuenten con pensión o la agoten en pocos años. Se mantiene la idea de que la familia debe hacerse cargo del sustento pero este modelo deja en situación de vulnerabilidad a quienes carecen de apoyo familiar o viven en zonas rurales muy despobladas. Las ayudas sociales existentes son complejas, poco conocidas y con requisitos difíciles de cumplir.
En relación con los cuidados de larga duración, la mayor parte de la atención recae igualmente en las familias. Los servicios públicos de cuidados todavía no cuentan con el personal ni la formación necesarios y se han detectado residencias sin registrar o sin supervisión adecuada. Asimismo, se observan prácticas que restringen la autonomía de las personas mayores en instituciones, como limitar sus salidas o actividades.
En materia sanitaria, aunque el sistema público ofrece ventajas importantes para las personas mayores nacionales, la realidad cambia para quienes son migrantes o carecen de documentación, ya que se ven obligados a pagar tarifas más altas e incluso temen acudir a los centros de salud por miedo a ser detenidos. Otro problema es la falta de especialistas en geriatría y de formación suficiente del personal sanitario para tratar adecuadamente las necesidades propias del envejecimiento.
El informe destaca situaciones especialmente graves en determinados colectivos; personas mayores indígenas que sufren pobreza extrema, falta de documentos y obstáculos para acceder a servicios básicos, personas mayores LGTB IQ+ expuestas aún a criminalización, exclusión familiar y violencias invisibilizadas y mayores en prisión, donde se han observado limitaciones injustificadas al trabajo, la actividad física o las visitas familiares.
Enlace al informe completo:Aquí
Laura Espejo Suescun
