Por Maria José Alfin Bernal
Somalia vive una crisis prolongada marcada por conflictos armados, debilidad institucional, crisis humanitarias y desafíos estructurales en materia de derechos humanos. El informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas presenta un análisis exhaustivo de estos problemas, identificando tanto las violaciones más urgentes como los obstáculos para la protección de los derechos fundamentales. El documento subraya que, sin un fortalecimiento estratégico de las instituciones estatales, de la justicia y de la participación ciudadana, el futuro de los derechos humanos en Somalia permanece gravemente amenazado.
Una de las cuestiones esenciales que identifica el informe es la persistencia de la violencia armada. En varias regiones de Somalia, los grupos armados, incluidos elementos de la insurrección y milicias, continúan controlando territorios, perpetrando ejecuciones extrajudiciales, desapareciendo personas, reclutando menores y desplazando comunidades. Estos hechos, detectados por el experto independiente, reflejan un serio incumplimiento del derecho internacional humanitario y los estándares de derechos humanos. El informe igualmente destaca la fragilidad estatal: el Gobierno de Somalia presenta graves deficiencias para garantizar la seguridad, la justicia y los servicios básicos a lo largo y ancho del territorio. Las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos carecen de recursos, autonomía y cobertura nacional, lo cual fomenta la impunidad. Las víctimas de abusos raramente obtienen reparación o respuestas adecuadas, lo que contribuye a la desconfianza pública y al vínculo entre conflicto armado, gobernanza deficiente y violación de derechos. Otro foco de preocupación lo constituye la protección de grupos vulnerables. Mujeres, niñas, desplazados internos, personas con discapacidad y comunidades étnicas minoritarias se encuentran en una situación doblemente desfavorecida: por un lado, padecen directamente la violencia y el desplazamiento; por otro, enfrentan barreras para acceder a servicios de salud, educación, vivienda y protección legal.
La falta de acceso a la justicia y el difícil entorno humanitario donde hambre, desplazamiento y epidemias agravan la vulnerabilidad refuerzan la urgencia de una respuesta internacional y nacional que combine seguridad, desarrollo y derechos humanos. El informe formula recomendaciones prioritarias para revertir esta situación:Fortalecer la capacidad del Estado de Somalia para garantizar el monopolio legítimo de la fuerza, proteger a la población civil y extender la autoridad estatal a zonas rurales y conflictivas; Establecer mecanismos de rendición de cuentas independientes y eficaces, con recursos y mandato para investigar abusos tanto de actores estatales como no estatales; Garantizar la participación plena de la sociedad civil, de las víctimas y de las comunidades afectadas en el diseño, implementación y supervisión de políticas de derechos humanos; Priorizar la protección de los grupos vulnerables a través de políticas que mejoren acceso a servicios básicos, reparaciones, programas de rehabilitación post-conflicto, y una mejora de las condiciones humanitarias.
El informe A/HRC/60/88 concluye que Somalia se encuentra en una encrucijada: los avances son insuficientes y los retos estructurales enormes. Sin una intervención decidida que integre justicia, seguridad, desarrollo y derechos humanos, la posibilidad de que la situación mejore se ve comprometida. Proteger los derechos humanos en Somalia no puede quedar relegado a la mera asistencia humanitaria: debe convertirse en un componente central de los esfuerzos por lograr estabilidad, reconstrucción estatal y desarrollo sostenible. Solo con instituciones robustas, participación ciudadana real y rendición de cuentas será posible que los derechos fundamentales de todos los somalíes dejen de ser vulnerados de forma sistemática.
Maria José Alfin Bernal
