Por Laura Espejo Suescun
El informe analiza la evolución de los derechos humanos en Myanmar entre 2024 y mediados de 2025 especialmente tras el golpe militar y en el contexto del conflicto armado. Durante este periodo, la población civil siguió sufriendo una violencia extrema, marcada por ataques indiscriminados, detenciones arbitrarias y desplazamientos masivos. Las fuerzas armadas intensificaron el uso de ataques aéreos y armamento pesado, incluso contra zonas claramente civiles como mercados, escuelas, monasterios y campamentos de desplazados. Estas acciones han provocado miles de muertos y heridos además de un clima constante de terror.
Con todo ello, se recogen incidentes específicos que muestran patrones de brutalidad, como masacres en aldeas, bombardeos aéreos sin justificación militar y ataques contra infraestructuras educativas. Los paramotores armados y drones se han convertido en un método habitual de ataque dificultando la huida y aumentando las víctimas civiles. A ello se suman desastres naturales tales como inundaciones además de un terremoto, que agravaron aún más las condiciones de vida, mientras que las fuerzas armadas obstaculizaban el acceso humanitario en muchas zonas.
Aunque en menor escala, algunos grupos armados antimilitares también cometieron abusos; asesinatos selectivos, uso de minas terrestres, ataques indiscriminados y castigos contra sospechosos de colaborar con los militares. Esto ha generado una situación de inseguridad generalizada para la población. En términos humanitarios, se destaca un empeoramiento severo; reclutamiento forzoso incluidos jóvenes y menores, extorsiones, falta de alimentos, inflación récord y un sistema sanitario colapsado. La inseguridad alimentaria afecta a un tercio del país y especialmente a las mujeres, que han debido asumir cargas económicas adicionales en un entorno cada vez más precario.
La situación de los musulmanes rohinyás continúa siendo la más grave. En el estado de Rakáin, tanto las fuerzas armadas como el Ejército de Arakán cometieron abusos sistemáticos tales como asesinatos, detenciones, desapariciones, incendios de aldeas, saqueos, reclutamiento forzoso y ataques indiscriminados que recuerdan a las atrocidades de 2017. Decenas de miles de rohinyás han sido desplazados repetidamente y muchos han intentado huir a Bangladesh o por mar con un número muy elevado de muertos y desaparecidos. Las restricciones a su movilidad, la negación de su identidad y las limitaciones al acceso a alimentos y salud continúan siendo prácticas habituales.
Pese a algunos avances en materia de justicia internacional , tales como solicitudes de órdenes de detención o causas abiertas ante tribunales internacionales, la realidad sobre el terreno sigue siendo extremadamente crítica ya que la falta de financiación y de acceso humanitario amenaza con empeorar aún más la situación.
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Laura Espejo Suescun
