Por Laura Espejo Suescun
El informe del Relator Especial de Naciones Unidas, Pedro Arrojo Agudo, pone en evidencia una realidad muy compleja en Guinea-Bissau donde el acceso al agua potable y al saneamiento sigue siendo una de las principales carencias del país. Más allá de los problemas técnicos, el documento muestra que se trata de una cuestión estructural vinculada a la debilidad institucional, la pobreza y la falta de políticas públicas sostenidas en el tiempo.
Uno de los aspectos centrales es la ausencia de una gestión estatal efectiva del agua. Aunque el país cuenta desde 1992 con un Código del Agua, este no reconoce expresamente el derecho humano al agua y al saneamiento y las responsabilidades institucionales aparecen dispersas entre distintos ministerios sin coordinación real. La inestabilidad política y la dependencia de la ayuda internacional han dificultado la creación de estrategias a largo plazo que garanticen la sostenibilidad del sistema.
El informe también resalta las deficiencias materiales y es que gran parte de la población carece de acceso seguro al agua (solo un 24 % dispone de ella) y apenas un 14 % tiene servicios de saneamiento adecuados. Las redes de abastecimiento son obsoletas, con pérdidas superiores al 50 % y la falta de cloración hace que el agua no sea apta para el consumo en la mayoría de los casos. A esto se suma la contaminación de los acuíferos, la inexistencia de sistemas de alcantarillado y la acumulación de residuos en calles y ríos, lo que repercute directamente en la salud pública, especialmente en los niños y niñas menores de cinco años.
Otro punto importante es la dimensión social del problema. Las mujeres y las niñas son quienes asumen casi por completo la tarea de recoger agua recorriendo largas distancias y cargando grandes pesos. Esto no solo afecta su salud sino también su educación y su autonomía. El informe señala, además, que el cambio climático está agravando las dificultades con temporadas de lluvia más cortas y un aumento de la salinización en las zonas costeras.
Entre las recomendaciones más destacadas, el Relator propone actualizar el marco legal para reconocer explícitamente el derecho humano al agua, mejorar la coordinación institucional, promover la descentralización y garantizar la desinfección diaria del agua. También subraya la necesidad de priorizar a las comunidades rurales, fortalecer la educación en higiene y fomentar la participación comunitaria en la gestión de los recursos. De manera que el acceso al agua y al saneamiento no puede depender de la cooperación externa, sino que debe asumirse como una obligación del Estado y como un pilar esencial para la vida humana y la dignidad de las personas.
Laura Espejo Suescun
Enlace al informe completo: Aquí
