Por Laura Espejo Suescun
El informe analiza cómo los mercenarios, las empresas militares y de seguridad privada y otros actores relacionados participan en la explotación de recursos naturales en distintos países y como esto afecta a los derechos humanos. El objetivo principal es examinar las actividades de estos grupos y su impacto especialmente en el derecho de los pueblos a la libre determinación, tal y como se recoge en normas y tratados internacionales.
En muchos casos, estos actores operan junto a gobiernos o grupos armados ayudándoles a controlar territorios con recursos minerales o tierras valiosas. Esta intervención puede generar abusos como violencia contra comunidades locales, desplazamientos forzosos, daños ambientales, restricciones a la participación política y destrucción de medios de vida. Como señala el informe, la extracción de minerales se relaciona con miles de eventos conflictivos y graves vulneraciones de derechos, como los derechos a la vida, al agua, a un medio ambiente saludable y a la igualdad.
Las empresas militares y de seguridad privada también son contratadas directamente para proteger minas y rutas de transporte de recursos y a veces participan en la propia extracción. Estas operaciones ,sobre todo en contextos de conflicto, pueden servir para financiar la compra de armas y así prolongar la violencia. Además, se mencionan prácticas como incendiar aldeas, contaminación de agua y violencia contra las mujeres para forzar la salida de poblaciones de zonas con recursos.
El informe destaca que además de explotar recursos en zonas de conflicto, estos actores se encargan del transporte y exportación, apoyados por redes de intermediarios, empresas pantalla y grupos criminales internacionales, lo que facilita el contrabando y la evasión de sanciones. Esto les permite obtener grandes beneficios económicos y operar a nivel global con poca transparencia
Aunque existen normas internacionales exigentes sobre derechos humanos y medio ambiente, se señala que aún hay mucha falta de control efectivo y de mecanismos de rendición de cuentas. Las víctimas tienen derecho a recursos efectivos pero la complejidad de los actores involucrados dificulta que se responsabilice a quienes cometen abusos.
Se pide que los Estados se aseguren de que sus fuerzas de seguridad y las empresas privadas que contraten actúen únicamente para proteger y no para reprimir, respetando los derechos humanos de las comunidades que viven en zonas donde se explotan recursos. También se quiere evitar que los beneficios que se obtienen de estas actividades acaben financiando a grupos armados ilegales o perjudicando el desarrollo de los pueblos y su derecho a decidir sobre sus propios recursos.
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Laura Espejo Suescun
