Por Maria José Alfin Bernal
El informe A/HRC/60/8, presentado por el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, analiza el estado actual de los derechos humanos en España. Este examen periódico permite evaluar los avances, retrocesos y desafíos que cada Estado enfrenta en la protección de los derechos fundamentales. En esta ocasión, el informe destaca avances normativos y compromisos internacionales que España ha asumido, pero también señala carencias estructurales que requieren atención inmediata. El objetivo del documento es promover una mirada crítica que impulse políticas públicas más eficaces, participativas y sostenibles.
Entre los aspectos positivos, el informe subraya que España ha desarrollado marcos legales sólidos en materia de igualdad de género, protección de la infancia, lucha contra la violencia de género y reconocimiento de derechos civiles. También se reconoce la adhesión del Estado a instrumentos internacionales que refuerzan su compromiso con la protección universal de los derechos humanos. Asimismo, la creación de instituciones específicas de seguimiento y supervisión demuestra avances en términos de vigilancia democrática. Sin embargo, el informe también identifica desafíos significativos. Uno de los principales es la persistente desigualdad que afecta a grupos vulnerables. Las personas migrantes, solicitantes de asilo, minorías étnicas como la comunidad gitana y sectores de la población en riesgo de exclusión social continúan enfrentando obstáculos para acceder de manera igualitaria a servicios básicos, empleo, vivienda y educación. Estas limitaciones generan brechas estructurales que dificultan la integración social y económica. Otro punto crítico es el acceso a la justicia, especialmente para personas con pocos recursos o con barreras lingüísticas y culturales. El informe destaca la necesidad de mejorar los mecanismos de asistencia jurídica y reducir la saturación de los tribunales, lo que actualmente ralentiza procesos y afecta a la protección efectiva de derechos. Además, se menciona la importancia de fortalecer la independencia de órganos encargados de recibir denuncias y vigilar el respeto a los derechos fundamentales. En materia de participación social, el documento enfatiza que la sociedad civil y los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental. El Estado debe garantizar que puedan operar sin presiones, censura ni restricciones indebidas, permitiendo una supervisión crítica y constructiva. El informe también recomienda ampliar los canales de participación ciudadana para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, se advierte la necesidad de reforzar políticas destinadas a la igualdad de género, ya que persisten brechas salariales, desigualdades laborales y casos de violencia contra las mujeres. Del mismo modo, se reconoce la urgencia de mejorar la atención dirigida a las personas mayores, así como a las personas con discapacidad, promoviendo entornos accesibles y servicios especializados. En términos de gestión pública, el informe sugiere incrementar los recursos destinados a políticas sociales, garantizar una adecuada distribución territorial y mejorar la coordinación entre administraciones. También recomienda revisar normativas migratorias y aplicar estándares internacionales en los centros de internamiento.
El informe concluye que España cuenta con bases legales y compromisos importantes en materia de derechos humanos, pero aún enfrenta desafíos que ponen a prueba la cohesión social, la igualdad real y la eficacia institucional. Para avanzar, resulta imprescindible fortalecer la protección de los grupos más vulnerables, garantizar el acceso igualitario a la justicia y fomentar una participación activa de la sociedad civil. El documento insiste en que los derechos humanos no solo deben existir en leyes, sino también materializarse en la vida cotidiana de las personas.
Enlace al informe completo: Aquí
Maria José Alfin Bernal
