Por Laura Espejo Suescun
Sri Lanka, tras décadas de conflicto armado que culminaron con la finalización de la guerra civil en 2009, continúa enfrentando desafíos significativos en materia de derechos humanos. Las secuelas del conflicto, combinadas con crisis económicas y problemas de gobernanza, han generado un entorno en el que la protección de derechos fundamentales sigue siendo frágil. El informe A/HRC/60/21, presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos, ofrece un panorama detallado de estos retos, destacando la necesidad de reformas profundas, justicia transicional y fortalecimiento institucional para garantizar la igualdad y la participación de toda la población.
Uno de los problemas centrales identificados en el informe es la desigualdad persistente y la discriminación hacia minorías étnicas y religiosas, especialmente los tamiles y musulmanes. Aunque la guerra civil terminó hace más de una década, las comunidades afectadas siguen enfrentando barreras para acceder a servicios básicos, como salud, educación y vivienda, y muchas personas desplazadas aún no han podido retornar a sus hogares. Esta desigualdad se ve agravada por la crisis económica y la corrupción, que limitan la efectividad de los programas sociales y el acceso equitativo a los recursos del Estado.
El informe también enfatiza la debilidad institucional y la falta de rendición de cuentas, tanto por violaciones pasadas como por abusos actuales. La justicia transicional sigue siendo incompleta: muchos casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto no han sido investigados ni sancionados, generando desconfianza en el sistema judicial y perpetuando la impunidad. Asimismo, las leyes existentes o su aplicación no garantizan de manera plena los derechos fundamentales, especialmente en áreas como la libertad de expresión, prensa y asociación. La sociedad civil y los medios de comunicación enfrentan intimidación y restricciones, limitando la capacidad de la ciudadanía para denunciar abusos y participar activamente en la toma de decisiones.
Ante estos desafíos, el informe formula recomendaciones clave. Entre ellas se destacan la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas mediante investigaciones efectivas y sanciones claras para los responsables de abusos, así como garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y reparaciones adecuadas. Además, se subraya la importancia de implementar reformas legislativas que alineen las normas nacionales con los estándares internacionales de derechos humanos, asegurando la protección de minorías y grupos vulnerables. Otro eje fundamental es mejorar la transparencia y combatir la corrupción, de manera que los recursos públicos se utilicen efectivamente para beneficiar a toda la población. Finalmente, se destaca la necesidad de fomentar la participación plena de la sociedad civil y de los medios de comunicación en los procesos de monitoreo y supervisión de políticas de derechos humanos.
El informe concluye que, pese a algunos avances institucionales y legales en Sri Lanka, la situación de los derechos humanos permanece frágil y desigual. Sin la implementación efectiva de reformas, la consolidación de la justicia transicional y el fortalecimiento del Estado para garantizar derechos de manera universal, los logros corren el riesgo de ser insuficientes o meramente formales. Proteger los derechos humanos no solo es un mandato legal, sino también una condición esencial para la paz duradera, la reconciliación nacional y el desarrollo sostenible. En este sentido, el informe llama a un compromiso integral y continuo del Estado y de la comunidad internacional para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico, religión o situación socioeconómica, puedan disfrutar plenamente de sus derechos.
Enlace al informe completo: Aquí
Laura Espejo Suescun
