Por Laura Espejo Suescun
La transformación digital de las sociedades ha supuesto un cambio estructural en la forma en que se organizan las economías, la política y la vida social. Este proceso se sustenta en la recopilación masiva de datos, cuyo tratamiento y uso intensivo plantea tanto oportunidades como riesgos. Entre los desafíos más significativos se encuentra la afectación al derecho a la privacidad, reconocido internacionalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este derecho resulta esencial para la dignidad, la autonomía y la identidad de las personas, así como para el ejercicio de libertades fundamentales en una sociedad democrática.
La digitalización, no obstante, ha evidenciado una distribución desigual de beneficios y perjuicios. Numerosos sistemas algorítmicos y tecnologías de reconocimiento biométrico reproducen o amplifican discriminaciones históricas afectando con especial intensidad a grupos en situación de vulnerabilidad. Se han documentado casos en que herramientas de inteligencia artificial ofrecen resultados sesgados según el sexo, el origen étnico o el tono de piel, lo que conduce a decisiones erróneas en ámbitos sensibles como la justicia penal, la migración, las prestaciones sociales o la salud. De esta manera, por ejemplo, ciertos sistemas de predicción policial han mostrado un sesgo racial significativo, mientras que en el campo de la salud se han observado diagnósticos menos precisos para personas de piel oscura o para mujeres.
Además, el despliegue de estas tecnologías tiene un impacto directo sobre otros derechos humanos: la libertad de expresión, de reunión, de circulación y el acceso a servicios básicos. La vigilancia masiva, el rastreo digital y la explotación de datos personales sin consentimiento reducen la esfera de privacidad individual y pueden desalentar la participación en la vida pública. A ello, se suma la existencia de brechas digitales marcadas, tanto en el acceso a internet como en la alfabetización tecnológica, lo que hace que se amplíe la desigualdad entre países, regiones y grupos sociales.
Ante este panorama, resulta imprescindible que la innovación tecnológica se desarrolle bajo un marco sólido de respeto a los derechos humanos. Ello implica la creación de marcos normativos integrales que regulen la protección de datos, la privacidad y la no discriminación, así como la obligación de los Estados y de las empresas de garantizar que sus prácticas se ajusten a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La supervisión independiente, la transparencia en el diseño de algoritmos y la rendición de cuentas constituyen elementos clave para evitar que la digitalización se convierta en un mecanismo de exclusión y discriminación.
Solo a través de un enfoque global, interseccional y preventivo será posible asegurar que las tecnologías basadas en datos funcionen al servicio de todas las personas, evitando que reproduzcan las injusticias del pasado en un nuevo entorno digital.
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Laura Espejo Suescun
