Por Marcos Marugán Navas.
El informe examina el panorama actual de la libertad de expresión en Filipinas tras la administración de Duterte, valorando de manera directa el cambio retórico y ciertos gestos de apertura del gobierno de Marcos Jr en comparación con lo anteriormente existente, pero concluyendo que los avances efectuados son insuficientes y meramente superficiales. A su vez, aporta una radiografía exhaustiva basada en testimonios y denuncias reales recibidas, destacando la persistencia de las graves amenazas estructurales a periodistas, a defensores de los derechos humanos, a activistas y a las minorías.
La Relatora señala que el fenómeno “Red-tagging”, conocido como la estigmatización y criminalización de las voces críticas bajo el pretexto de la lucha antiterrorista; aún continúa practicándose por fuerzas de seguridad y órganos estatales, especialmente contra aquellos que denuncias los abusos y contra los que promueven los derechos.Múltiples son los casos de detenciones, vigilancias, amenazas, procesos penales y asesinatos a periodistas y activistas inmersos en el mundo de la denuncia, y destaca que no solo no han cesado, sino que la impunidad y la lentitud judicial existente perviven generando un efecto silenciador y de autocensura, evitando su correcta erradicación.
El informe critica la insuficiencia de reformas legales y políticas, puesto que aún convive la permanencia de la Ley Antiterrorista y las normas penales sobre difamación, uso de bloqueos y cierres de carácter mediático (Caso ABS-CBN); la falta de transparencia en los datos sobre crímenes contra periodistas y la escasa eficacia de órganos creados para su protección, tan solo sirven para exacerbar la existente manipulación constante que se vive en Filipinas. Si bien, por ejemplo, las iniciativas como el Plan Nacional de Acción para la seguridad de Periodistas observan ciertas carencias en su implementación a la normativa real.
En conclusión, el informe logra evidenciar la brecha existente entre los avances discursivos del gobierno presente de Filipinas y la verdadera realidad práctica que se vive; puesto que todos los obstáculos a la libertad de expresión emanan aún directamente del propio Estado, su impunidad y autocensura colaboran con la restricción del debate público y la reforma efectiva exige eliminar todas las estructuras represivas, cambiando las leyes que, por desgracia, se encuentran realmente muy duramente asentadas.
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Marcos Marugán Navas.
