Por Marcos Marugán Navas.
El Relator Especial aborda el impacto de las muertes ilícitas (ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) en aquellas familias afectadas por las mismas, desde un enfoque basado en los derechos humanos. Tal desempeño abarca la noción de “Familia” desde una perspectiva más amplia de lo común, se refiere a ella incidiendo más allá del vínculo consanguíneo, incluyendo dentro del espectro a familias sociales y posibles allegados; todo esto supone un aporte aún más relevante contra la exclusión de modelos no tradicionales de familias, en completa concordancia con las recomendaciones internaciones y la jurisprudencia regional.
El informe destaca la centralidad del sufrimiento psicosocial de los familiares, la visibilización del daño colectivo incluyendo dentro del mismo a los allegados y la potencial asimilación de ciertos tratos basados en la tortura. Mediante el mismo se denuncian aquellas prácticas institucionales insuficientes como son la falta de protección ante amenazas y represalias, la obstaculización frente al acceso a la información, la verdadera ausencia de servicios psicosociales y jurídicos, etc. El conjunto, sirve para resaltar la existente brecha normativa con la realidad práctica, que siguen enfrentando a las familias con la desatención institucional, especialmente en contextos de conflicto, migración o represión.
El documento valora las aportaciones de organizaciones de familiares y buenas prácticas a nivel regional (procesos forenses, protocolos de Minnesota, mecanismos de justicia transicional), pero a su vez, señala que la participación efectiva y el empoderamiento siguen siendo excepcionales. Con ello, insta a los estados a fortalecer leyes y políticas específicas en la materia, basadas en un enfoque garantista de protección efectiva, asistencia integral, acceso a justicia y dignidad de los fallecidos y familiares.
En síntesis, el informe logra avanzar ciertamente en la consolidación del estatuto jurídico de los derechos y protagonismo de las familias de víctimas de muerte ilícita. No obstante, aún persisten desafíos realmente complejos por resolver; entre ellos garantizar la aplicación rea y coherente de los principios de verdad, justicia y reparación de los afectados, reforzar los mecanismos de protección y participación de las familias, eliminación real de las trabas legales y administrativas existentes, y asegurar los recursos materiales y humanos suficientes para la correcta consecución de todo lo anteriormente citado.
Enlace al informe completo: Aquí.
Marcos Marugán Navas.
