Por Adrián Avilésino Cabanilla
El Mecanismo Internacional Independiente de Expertos para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el Contexto de la Aplicación de la Ley visitó varios países para ver de cerca cómo actúa la policía en lugares donde hay denuncias de racismo y discriminación.
Estos tenían como objetivo entender qué está fallando y proponer cambios para que la seguridad sea realmente justa y respetuosa con los derechos humanos, ya que se apreciaron casos de violencia y discriminación racial dentro de las fuerzas del orden, con ejemplos muy duros, como muertes de personas afrodescendientes bajo custodia policial.
Lo más preocupante realmente, es la impunidad. Muchas veces las investigaciones se quedan en manos de la propia policía, lo que ha generado desconfianza y hace que las familias no tengan justicia. Por eso, una de las principales recomendaciones es crear organismos externos e independientes que investiguen de verdad y puedan sancionar a quienes abusen de su poder además hay que destacar algo muy concreto, el uso obligatorio de cámaras corporales.
El informe señala que, cuando no hay grabaciones o cuando las cámaras se apagan durante protestas o arrestos, es casi imposible esclarecer lo que pasó. Por eso se pide reglas claras y sanciones si no se cumplen.
Otro punto clave es la formación policial. El informe nos cuenta que en muchos lugares las minorías son paradas y registradas mucho más que el resto de la población, aunque no haya motivos reales. Esto muestra que hay prejuicios que deben abordarse con una mejor preparación en derechos humanos y en cómo evitar sesgos raciales.
El informe también alude a la salud mental de los agentes, sobre todo de aquellos que pertenecen a minorías y que, además del estrés del trabajo, tienen que lidiar con discriminación dentro del propio cuerpo policial e insiste en que es esencial escuchar a las comunidades afectadas. Propone crear mesas de diálogo entre la policía, las asociaciones vecinales y las víctimas para diseñar juntos políticas de seguridad más inclusivas, con apoyo internacional para que estos cambios sean reales y duraderos.
Desde la perspectiva del Derecho Internacional, las soluciones pasan por que los Estados cumplan los tratados de derechos humanos y garanticen la protección contra la discriminación y los abusos policiales de manera que se convierte en algo fundamental crear órganos independientes que puedan investigar y sancionar de manera efectiva los casos de violencia racial, y que el Estado asuma su responsabilidad cuando se produzcan violaciones graves. Además, la cooperación internacional puede ayudar a formar a los policías, mejorar protocolos y dotar de recursos para prevenir abusos. Las víctimas también pueden acudir a mecanismos internacionales de denuncia, como comités o relatores de la ONU, y la presión a través de organismos como el Examen Periódico Universal puede impulsar reformas reales y sostenibles.
Adrián Avilésino Cabanilla
